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La residencia de Velluters tiene 19 mayores y 7 trabajadores contagiados

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València, 12 dic (EFE).- La residencia de ancianos de Velluters de València, cuya gestión se ha adjudicado a Domus Vi, tiene en estos momentos 19 mayores y siete trabajadores contagiados de covid, la mayoría de ellos asintomáticos.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha dado estos datos durante su asistencia al acto inaugural de la asamblea general extraordinaria del Consell Valencià de la Joventut, y ha señalado que se está estudiando cómo ha entrado el virus en el centro, que por el momento continúa con los mismos gestores, informan fuentes del Gobierno valenciano.

Sobre los brotes en las residencias de mayores, Oltra ha afirmado que la «gran mayoría» no tienen brotes y, de las que sí presentan alguno, un 60 % tiene menos de diez personas contagiadas, lo que supone, ha dicho, que las medidas de contención «están funcionando».

Preguntada por las fiestas privadas organizadas por empresarios para gente joven, Oltra ha manifestado que son empresarios «sin escrúpulos que lo único que quieren es ganar dinero y no les importa la salud y la vida de los demás», y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la sociedad en todas las etapas de la vida.

«Hemos de aguantar un poco más, ahora que ya vemos un horizonte con la vacuna, no podemos bajar la guardia, el virus está ahí y está generando mucho dolor y pérdidas humanas, y en estos momentos somos la vacuna con nuestra acción responsable», ha indicado.

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Sánchez anuncia la desclasificación de los documentos del 23-F: “Saldamos una deuda histórica”

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El Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, coincidiendo con el 45 aniversario del intento de asalto al Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará mañana en el Consejo de Ministros la desclasificación de los documentos oficiales relacionados con el golpe de Estado del 23-F. La medida llega cuando se cumplen 45 años del intento de ruptura del orden constitucional ocurrido el 23 de febrero de 1981.

Según ha explicado el jefe del Ejecutivo, la decisión permitirá “saldar una deuda histórica” con la ciudadanía, facilitando el acceso a información relevante sobre uno de los episodios más trascendentales de la historia democrática reciente de España.

¿Qué ocurrió el 23-F?

El conocido como 23-F hace referencia al intento de golpe de Estado liderado por el entonces teniente coronel Antonio Tejero, quien irrumpió armado en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Durante varias horas, España vivió una grave crisis institucional que puso en riesgo el proceso democrático iniciado tras la Transición. La intervención televisada del rey Juan Carlos I, defendiendo el orden constitucional, fue clave para frenar la intentona golpista.

El fracaso del golpe consolidó el sistema democrático, pero durante décadas parte de la documentación oficial relacionada con aquellos hechos ha permanecido clasificada.

Transparencia y memoria democrática

Con la desclasificación anunciada, el Gobierno busca reforzar las políticas de transparencia y memoria democrática, facilitando el trabajo de historiadores, investigadores y medios de comunicación.

El Ejecutivo considera que, 45 años después, el acceso público a estos documentos contribuirá a un mejor conocimiento de lo sucedido y ayudará a cerrar interrogantes aún presentes sobre la trama del golpe y sus posibles apoyos.

La aprobación formal de la medida está prevista para el Consejo de Ministros de este martes, tras lo cual se iniciará el procedimiento técnico para hacer accesible la documentación conforme a la legislación vigente en materia de secretos oficiales y protección de datos.

45 años del intento de golpe de Estado

El anuncio se produce en un contexto simbólico, coincidiendo con el 45 aniversario del 23-F, una fecha clave en la historia política de España. La desclasificación de los documentos supone un paso relevante en la revisión histórica de aquel episodio que marcó el rumbo de la democracia española.

Con esta decisión, el Gobierno pretende reforzar el compromiso institucional con la verdad histórica y el derecho de la ciudadanía a conocer en profundidad los hechos que marcaron el devenir del país.

 

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