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Sucesos

Investigan una presunta agresión sexual a una residente dependiente en un centro de mayores

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Presunta agresión sexual en residencia de ancianos

Sanlúcar de Barrameda se encuentra conmocionada tras conocerse que el Juzgado Mixto número 2 de la localidad investiga una presunta agresión sexual en la residencia de mayores Virgen de la Caridad, en la que estaría implicado un residente como presunto autor y una mujer con un alto grado de dependencia como víctima.

Los hechos y denuncia

Según la familia de la denunciante, los hechos habrían ocurrido mientras la mujer dormía en la noche del pasado 19 de febrero. La denuncia fue interpuesta ante la Policía Nacional de Sanlúcar el 24 de febrero, por la delegada sindical del Comité de Trabajadores de la residencia. No obstante, la familia afirma que no tuvo conocimiento de lo sucedido hasta el 27 de febrero, es decir, ocho días después del presunto suceso.

Actuación judicial

El 28 de febrero, el presunto agresor fue detenido y puesto a disposición del juzgado instructor. El juez decretó su libertad provisional con medidas cautelares, incluyendo la prohibición de volver a la residencia Virgen de la Caridad y de comunicarse con la víctima. Posteriormente, el investigado fue trasladado a otro centro de mayores dentro de la provincia.

Críticas a la gestión del centro de mayores

En un comunicado emitido por su abogado, Miguel Ángel González Saborido, la familia ha manifestado su “total repulsa ante este tipo de situaciones” y ha lanzado duras críticas a la gestión del centro de mayores Virgen de la Caridad. Acusan al equipo directivo de “silencio cómplice” y de “no aplicar protocolos adecuados ante una situación de gravedad”, dejando desprotegida a una usuaria vulnerable.

Asimismo, expresan su confianza en la Justicia, reclamando que tanto el presunto agresor como los responsables institucionales por acción u omisión respondan ante la ley:

«Deben verse abocados a un procedimiento penal que depure todas las responsabilidades necesarias», sostienen.

Repercusiones políticas

El caso ha alcanzado también el plano político. Durante el pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar celebrado el 1 de abril, la oposición solicitó la creación de una comisión de investigación. La alcaldesa Carmen Álvarez (IU) intentó abrir un expediente disciplinario al director del centro, pero la propuesta fue bloqueada por los consejeros de Emuremasa, la empresa pública que gestiona la residencia, con votos de PSOE, PP y Vox. Solo IU apoyó la medida.

Petición de respeto y verdad

Finalmente, la familia de la víctima ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación para que traten el caso “con respeto y pulcritud” y ha apelado a la “honestidad de los trabajadores del centro que conocen la realidad de lo ocurrido”.

 

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Detenidas cinco personas por la compraventa ilegal de una recién nacida por 2.000 euros

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venta ilegal bebé

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas, implicadas en un caso de compraventa ilegal de una recién nacida, tras descubrir un acuerdo entre la madre biológica y una pareja con problemas de fertilidad por un importe de 2.000 euros. La operación ha tenido lugar entre las ciudades de Madrid y Córdoba, y la menor ha sido puesta bajo custodia de los servicios sociales de la Junta de Andalucía.

Una denuncia que destapó la compraventa ilegal de una menor

La investigación se inició en marzo, cuando una mujer de 37 años denunció el supuesto secuestro de su hija recién nacida por parte de una familia cordobesa. En su declaración ante los agentes, la denunciante aseguró que conoció a un joven de 24 años en una fiesta en Madrid en noviembre, con quien compartió su preocupación por perder la custodia del bebé si nacía en la capital, ya que en 2022 la Fiscalía de Menores le retiró la custodia de seis hijos por encontrarse en situación de desamparo.

La mujer relató que fue trasladada a Córdoba, donde permaneció en casa de la familia del joven hasta el momento del parto. Sin embargo, tras el nacimiento, no pudo regresar con su hija y denunció que le exigieron 3.000 euros por los gastos de estancia si quería recuperarla.

Un acuerdo económico para «comprar» a la recién nacida

Las primeras diligencias policiales revelaron que la madre biológica había pactado la venta de su hija por 2.000 euros con una pareja cordobesa que estaba intentando ser padres a través de tratamientos de fertilidad. La operación quedó registrada oficialmente cuando ambos acudieron al Registro Civil de Córdoba para inscribir a la menor como hija del varón de la pareja compradora y de la madre biológica.

Posteriormente, se constató que el varón retiró 2.000 euros en efectivo de un cajero automático y se los entregó a la madre biológica, quien fue posteriormente trasladada de nuevo a Madrid por otro miembro de la familia.

La madre se arrepintió y denunció el caso

Fuentes policiales confirman que la madre biológica se arrepintió de haber entregado a su hija, motivo por el que presentó una denuncia falsa alegando secuestro. Sin embargo, tras confirmar la falsedad del relato inicial, fue arrestada en el municipio madrileño de Móstoles a finales de marzo.

Simultáneamente, en Córdoba, fueron detenidos cuatro miembros de la familia compradora, incluida la pareja que planeaba hacerse pasar por progenitores. La detención se produjo cuando se dirigían a una consulta pediátrica con la recién nacida.

Delitos imputados a los detenidos

A los cinco implicados se les imputan varios delitos graves:

  • Alteración de la paternidad

  • Detención ilegal

  • Falsificación de documento público

  • Acusación y denuncia falsa

El caso ha sido puesto en manos de la autoridad judicial, mientras que la menor ha ingresado en un centro de protección de menores en Córdoba, bajo custodia de los servicios sociales.

Un nuevo caso que reabre el debate sobre la protección de menores en situación de vulnerabilidad

Este nuevo caso de compraventa ilegal de menores vuelve a poner el foco sobre la situación de riesgo en la que se encuentran muchas mujeres sin recursos, y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y seguimiento en los procesos de custodia y tutela.

El Cuerpo Nacional de Policía continúa investigando si existen otros casos relacionados y no descarta nuevas detenciones. Además, subrayan la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y denunciar cualquier intento de tráfico de menores o adopciones ilegales, prácticas que atentan contra los derechos fundamentales de los niños.

 

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