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La UCO relaciona a Zaplana con el blanqueo de 2,9 millones de «mordidas»

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Madrid, 5 ene (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relaciona «en mayor o menor medida» al expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana con el blanqueo de 2,9 millones de euros procedentes de «mordidas» o comisiones por la adjudicación de la privatización de las ITV y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.

Es la conclusión a la que llega el último informe que la UCO entregó en diciembre al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia que investiga el caso Erial, según han indicado a Efe fuentes próximas a la investigación.

Según recuerdan las fuentes, en ese informe la UCO analiza el destino de 2,9 millones de euros que llegaron a España en varias transferencias y que formaban parte de una serie de pagos por importe de 6,4 millones a la empresa luxemburguesa Imison Internacional en comisiones por las licitaciones de la ITV y el Parque Eólico.

Una cantidad ingresada en cuentas de Luxemburgo y Suiza. De ese total, 2,9 millones comenzaron de forma inmediata a llegar a España, en concreto a un entramado societario formado por cuatro empresas: Costera del Glorio, MedLevante, Gesdesarrollos Integrales y Turnis Sylvatica.

Las fuentes han precisado que esos 2,9 millones procedentes de «mordidas» se blanquearon en diferentes negocios e inversiones en bienes inmuebles, embarcaciones y objetos como relojes valorados en 20.000 euros.

Tras una exhaustiva investigación, la UCO concluye que Zaplana tenía capacidad para disponer de esos bienes, para tomar decisiones en esas empresas y para administrar los fondos.

En suma, en todos los bienes donde se han invertido esos 2,9 millones «se encuentra una relación con Zaplana en mayor o menor medida».

De ese desglose destacan los 1,6 millones de euros que a través de la empresa Costera del Glorio se invirtieron en un piso de la calle de Núñez de Balboa, en el distrito madrileño de Salamanca.

Era Eduardo Zaplana quien disfrutaba de él. Además, la empleada de hogar la había contratado el expresident y era él quien le pagaba el salario. De hecho, la propia trabajadora doméstica declaró que Zaplana vivía allí.

Hasta ese piso llegaron también algunos televisores adquiridos con esos fondos y en él se realizaron algunas obras que también pagó Costera del Glorio.

Mientras, MedLevante llegó a pagar, también con esos fondos de las «mordidas», un total de 394.000 euros para la compra de dos áticos en el puerto de Altea (Alicante).

Según relatan las fuentes, la empresa promotora de estas viviendas se refería a ellos en su documentación como «áticos Zaplana», y en las anotaciones analizadas por la UCO se cifraba en 1,2 millones el coste de ambos. La intención de sus compradores era unirlos.

Asimismo, se relaciona a Zaplana con la compra de una embarcación, a través de EdLevante, por casi 115.000 euros, y con la adquisición de varias parcelas en la localidad alicantina de la Vila Joiosa, esta vez a través de Gesdesarrollos Integrales.

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El DAO José Ángel González Jiménez dimite tras ser acusado de violación: de pacificador de la Policía a hombre de confianza de Marlaska

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El comisario principal José Ángel González Jiménez, conocido como ‘Jota’, de 66 años y natural de Aguilar del Río Alhama, ha dimitido como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional tras ser denunciado por agresión sexual por una subordinada, en un caso que ha sacudido a la institución y a la opinión pública.

Trayectoria del DAO: de pacificador a figura de confianza

González Jiménez llegó a la DAO en 2018 en un momento convulso para la Policía Nacional, tras escándalos como la ‘policía patriótica’ o el caso Villarejo. Su perfil discreto y profesional le permitió recuperar la normalidad en la operativa policial y mejorar la imagen de la institución, especialmente en tareas de seguridad ciudadana y gestión de crisis.

Entre sus logros destacan la coordinación con los Mossos d’Esquadra tras los altercados por la sentencia del procés y su papel en el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, gestionando los confinamientos durante la pandemia, lo que le convirtió en rostro familiar para los ciudadanos en ruedas de prensa junto a Fernando Simón y responsables de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Renovación legal para mantenerse en el cargo

En diciembre de 2024, al cumplir los 65 años, González Jiménez debía jubilarse. Sin embargo, el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, promovió un cambio legal que le permitió seguir en el puesto, mostrando plena confianza en él, aunque generando tensiones internas entre otros altos mandos que sí debieron retirarse a esa edad.

Fuentes cercanas al DAO indican que “desde hace un año no era el mismo, se notaba que algo le pasaba”, y lamentan que no hubiera dimitido antes de que estallara el escándalo que ahora marca su destino profesional y personal.

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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