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La UCO relaciona a Zaplana con el blanqueo de 2,9 millones de «mordidas»

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Madrid, 5 ene (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relaciona «en mayor o menor medida» al expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana con el blanqueo de 2,9 millones de euros procedentes de «mordidas» o comisiones por la adjudicación de la privatización de las ITV y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.

Es la conclusión a la que llega el último informe que la UCO entregó en diciembre al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia que investiga el caso Erial, según han indicado a Efe fuentes próximas a la investigación.

Según recuerdan las fuentes, en ese informe la UCO analiza el destino de 2,9 millones de euros que llegaron a España en varias transferencias y que formaban parte de una serie de pagos por importe de 6,4 millones a la empresa luxemburguesa Imison Internacional en comisiones por las licitaciones de la ITV y el Parque Eólico.

Una cantidad ingresada en cuentas de Luxemburgo y Suiza. De ese total, 2,9 millones comenzaron de forma inmediata a llegar a España, en concreto a un entramado societario formado por cuatro empresas: Costera del Glorio, MedLevante, Gesdesarrollos Integrales y Turnis Sylvatica.

Las fuentes han precisado que esos 2,9 millones procedentes de «mordidas» se blanquearon en diferentes negocios e inversiones en bienes inmuebles, embarcaciones y objetos como relojes valorados en 20.000 euros.

Tras una exhaustiva investigación, la UCO concluye que Zaplana tenía capacidad para disponer de esos bienes, para tomar decisiones en esas empresas y para administrar los fondos.

En suma, en todos los bienes donde se han invertido esos 2,9 millones «se encuentra una relación con Zaplana en mayor o menor medida».

De ese desglose destacan los 1,6 millones de euros que a través de la empresa Costera del Glorio se invirtieron en un piso de la calle de Núñez de Balboa, en el distrito madrileño de Salamanca.

Era Eduardo Zaplana quien disfrutaba de él. Además, la empleada de hogar la había contratado el expresident y era él quien le pagaba el salario. De hecho, la propia trabajadora doméstica declaró que Zaplana vivía allí.

Hasta ese piso llegaron también algunos televisores adquiridos con esos fondos y en él se realizaron algunas obras que también pagó Costera del Glorio.

Mientras, MedLevante llegó a pagar, también con esos fondos de las «mordidas», un total de 394.000 euros para la compra de dos áticos en el puerto de Altea (Alicante).

Según relatan las fuentes, la empresa promotora de estas viviendas se refería a ellos en su documentación como «áticos Zaplana», y en las anotaciones analizadas por la UCO se cifraba en 1,2 millones el coste de ambos. La intención de sus compradores era unirlos.

Asimismo, se relaciona a Zaplana con la compra de una embarcación, a través de EdLevante, por casi 115.000 euros, y con la adquisición de varias parcelas en la localidad alicantina de la Vila Joiosa, esta vez a través de Gesdesarrollos Integrales.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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