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Las azulejeras valencianas podrán acogerse al tope del gas de la excepción ibérica

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Cevisama mantiene su edición en junio "atenta" a evolución actual del sector
EFE/Manuel Bruqu

Castelló, 6 sep (OFFICIAL PRESS/EFE).- El secretario general del PSPV de Castellón, Samuel Falomir, ha celebrado la inclusión de la industria azulejera de cogeneración dentro de los beneficios del mecanismo de excepción ibérica, anunciado este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado.

Esta medida, ha indicado Falomir, «permitirá abaratar los costes de producción topando el precio gas utilizado por las empresas cerámicas y que pretende garantizar su viabilidad ante la situación crítica en la cual se encuentran inmersas», informa el PSPV en un comunicado.

Falomir afirma que «se trata de una medida excepcional que permitirá proteger miles de puestos de trabajo en un sector clave para la provincia de Castellón».

De este modo, el secretario general quiere mostrar su satisfacción por esta «gran noticia» y todo su apoyo ante las medidas adoptadas por el ejecutivo central.

El secretario provincial del PSPV ha destacado asimismo el trabajo realizado durante las últimas semanas por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «quien ha llevado a cabo una tarea de interlocución fundamental entre el sector cerámico y el Gobierno de España para que hoy este anuncio sea una realidad».

«Cómo hemos hecho siempre, continuaremos atendiendo las demandas de los trabajadores y empresas de nuestra provincia para garantizar su sostenibilidad con políticas que protejan el progreso de miles y miles de familias y sus proyectos de futuro», ha concluido Falomir.

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Juicio al ‘clan Pujol’: la Fiscalía reclama más de 100 años de cárcel por blanqueo y asociación ilícita en la Audiencia Nacional

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La Audiencia Nacional inicia este lunes un juicio considerado histórico en España: el proceso penal contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol y sus siete hijos. La Fiscalía sostiene que la familia habría formado, durante décadas, una organización ilícita dedicada a obtener comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones públicas y a ocultar posteriormente ese patrimonio en Andorra.

Antes de que comience la vista, el tribunal evaluará el estado de salud de Jordi Pujol, que recibió el alta hospitalaria el pasado viernes. Está previsto que el exmandatario declare por videoconferencia desde su domicilio en Barcelona, mientras su defensa pide el archivo de la causa alegando que no se encuentra en condiciones físicas ni cognitivas para afrontar el juicio.

El ‘Pujolismo’, ante los tribunales

Para muchos, el caso simboliza el fin de una etapa política conocida como el ‘Pujolismo’, marcada por más de dos décadas de liderazgo en Cataluña. Según la acusación pública, la familia Pujol Ferrusola habría amasado una fortuna gracias al cobro de comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones irregulares y al posterior blanqueo de capitales en entidades bancarias de Andorra.

La Fiscalía imputa al clan diversos delitos, entre ellos asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental, delitos fiscales y frustración en la ejecución. Las penas solicitadas superan los 100 años de cárcel. Para Jordi Pujol se piden 9 años de prisión, mientras que para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, su esposa Mercedes Gironés y su hermano Josep, las penas solicitadas alcanzan hasta 29 años.

El resto de hijos —Oleguer, Mireia, Oriol, Pere y Marta— se enfrentan a peticiones de hasta 8 años de cárcel.

Evaluación médica de Jordi Pujol

El tribunal ha convocado al expresident para una exploración médica por videoconferencia con el objetivo de determinar si procede el archivo de su causa por demencia sobrevenida, tal como solicita su defensa basándose en informes forenses emitidos por la Audiencia Nacional.

Tras esta evaluación, el juicio continuará con dos jornadas dedicadas a cuestiones previas, en las que las defensas intentarán invalidar la causa alegando prescripción y supuestas irregularidades derivadas de la llamada Operación Cataluña.

Un macrojuicio con más de 250 testigos

El juicio se prolongará hasta mayo, con un total de 41 sesiones y la declaración de 254 testigos. Entre martes y jueves está previsto que declaren 11 personas, incluyendo una hija de Jordi Pujol Ferrusola y el asesor fiscal de la familia, Joan Anton Sánchez Carreté.

Además del clan Pujol, se sentarán en el banquillo otros 11 empresarios acusados de pagar comisiones o colaborar en operaciones de blanqueo para ocultar fondos en el extranjero.

La amnistía fiscal y los fondos en Andorra

Buena parte de los hermanos Pujol Ferrusola regularizaron su patrimonio gracias a la amnistía fiscal de 2012, lo que impidió que se les acusara por fraude fiscal debido a la prescripción. No ocurre lo mismo con Jordi y Josep Pujol Ferrusola, a quienes se atribuyen defraudaciones que superarían los 7,7 millones de euros.

La investigación también reveló una cuenta en Andbank acompañada de un documento en el que Jordi Pujol habría reconocido la titularidad de 307 millones de pesetas (1,8 millones de euros) ingresados en el año 2000, una cantidad cuyo fraude presuntamente asociado fue cifrado en 885.651 euros, aunque prescrito.

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