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Las cifras del coronavirus no cuadran

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Este viernes has saltado las alarmas por el caos en el baile de cifras que se están aportando desde el Gobierno en cuanto a afectados por coronavirus. Los números de Sanidad no cuadran: ni la cifra de muertos ni la de curados; un desfase que Simón reconoce afirmando que «Tenemos dos cifras diferentes que pueden tener discrepancias importantes».

El último balance del Ministerio de Sanidad eleva a 585 las nuevas muertes y a más de 5.000 los contagiados, pero ni la cifra de fallecimientos (19.478) ni la de altas (3.502 nuevas, 72.963 en total) dadas este viernes cuadran con las facilitadas hace 24 horas, según las cuales el número de decesos desde el inicio de la pandemia era de 19.310 (con lo que la diferencia sería de 348 y no 585) y la de curados 74.797, es decir, casi 2.000 menos.

En la comparecencia diaria, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, sin decir específicamente cuál, afirmaba que una autonomía ha estado dando «dos fuentes de información» y, aunque «los datos han sido siempre coherentes», en «los últimos días ha habido algunas incoherencias». Se refería a Cataluña.

El desfase de estas cifras anunciadas por Sanidad se reproduce en los datos de un día y otro correspondientes a esta comunidad: ayer, el Ministerio había informado de 3.855 defunciones en Cataluña y 17.292 altas, pero este viernes señala que son 3.752 las muertes y 12.787 las personas que han superado la enfermedad, 4.505 personas menos que el jueves.

«Hemos sacado los datos porque nuestro interés es que los tengan, pero estamos tratando de corregir las series para que las fuentes de información sean homogéneas», se ha disculpado Fernando Simón, quien ha advertido, no obstante, que durante algunos días, –«dos, tres, cuatro…»–, los datos podrán «parecer un poco extraños».

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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