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Las rebajas traen 21.000 contratos a la Comunitat Valenciana
Publicado
hace 5 añosen

VALÈNCIA, 30 Dic.- La campaña de rebajas de 2020 generará más de 21.000 contratos en la Comunitat Valenciana durante los meses de enero y febrero, un 9,1 por ciento que en 2019, según el informe elaborado por Randstad. A nivel provincial, la contratación en Castellón crece un 16,4%, seguida de Valencia (9,1%) y Alicante (7,1%), con una tendencia positiva encadenada en la autonomía desde 2010.
A nivel nacional se firmarán 163.300 contrataciones, un 2,1% más que la cifra registrada durante la pasada campaña. Según ha destacado la consultora en un comunicado, el aumento del comercio electrónico tiene un impacto fundamental en el incremento del consumo y en la contratación durante estos meses.
En concreto, en la Comunitat Valenciana se firmarán 21.410 contratos en los sectores de comercio y logística, un 9,1% más que la de 2019, cuando se registraron 19.624, siete puntos porcentuales por encima de la media nacional.
Analizando la serie histórica, Randstad destaca que, tras superar los 11.700 contratos en 2006, la cifra descendió en 2008 un 10,1% y en 2009, un 51,4%. Durante once años consecutivos se ha mantenido una tendencia positiva, a pesar de que en 2019 sufrió un pequeño descenso (-0,1%). En términos absolutos, Valencia será la provincia en la que más contratos se firmen (13.300), seguida por Alicante (6.180) y Castellón (1.930)
En el conjunto del país, la campaña de rebajas dejará más 163.300 contratos en estos meses, el volumen más alto de la historia. Esta cifra es un 2,1% superior que la registrada en 2019, cuando se firmaron 159.938 contratos. Aunque se trata del aumento más discreto de los últimos años, la campaña de 2020 será la séptima ininterrumpida en registrar incrementos.
Extremadura (11,6%), La Rioja (10,9%) -ambas con crecimientos de dos dígitos-, y Comunitat Valenciana (9,1%), serán las comunidades donde más se incrementará la contratación con respecto al año anterior. Las siguen, con crecimientos también por encima de la media nacional (2,1%), Andalucía (8,7%), Castilla y León (7,9%), Navarra (5,5%), Aragón (5,2%), Baleares (4,6%), y Asturias (4,1%).
Con crecimientos con debajo de la media nacional se sitúan Cantabria (1,6%), Región de Murcia (1,5%), Euskadi (0,5%), Galicia (0,3%) y la Comunidad de Madrid (0,1%). Por otro lado, registrarán caídas en el volumen de contratación en esta época Canarias (0,5%), Castilla-La Mancha (-3,6%) y Catalunya (-7,2%).
A nivel provincial, Cádiz ha sido la que un mayor crecimiento generará de todo el país, un 32,1%, 30 puntos porcentuales por encima de la media nacional. También registrarán crecimientos de dos dígitos Castellón (16,4%), Albacete (14,5%), Salamanca (13,1%), Huesca (13%), Cáceres (12,8%), Zamora (12,1%) y Badajoz (11,1%).
Por otro lado, la contratación caerá en las provincias de Guadalajara (-14,2%), Tarragona (-11,4%), Álava (-8,8%), Barcelona (-7,9%), Las Palmas (-4,1%), Girona (-4%), Almería (-3,9%) y A Coruña (-2,8%).
En términos absolutos, Andalucía será, con 29.020, la región donde más contratos se firmarán durante la campaña de rebajas, seguida por Catalunya (25.800), la Comunidad de Madrid (25.800) y la Comunitat Valenciana (21.410). De hecho, el 60,3% de los contratos que se llevarán a cabo durante estos meses será en una de estas cuatro comunidades autónomas. Por su parte, La Rioja es la región donde menos contratos se firmarán, apenas 800. La siguen, de lejos, Cantabria (2.270), Navarra (2.350) y Extremadura (2.400).
COMERCIO ELECTRÓNICO
El estudio se realiza teniendo en cuenta que los sectores del comercio y el de transporte y logística son los que principalmente lideran la generación de empleo en los meses de enero y febrero, periodo en los que se extiende la campaña de rebaja. En concreto, según Randstad, transporte y logística será el que generará más contratos, al suponer el 58% de los nuevos puesto, seguida por el 42% de firmas en el comercio.
En este crecimiento de la contratación será determinante de nuevo el comercio electrónico que ya ha sido «tangible» para el empleo en las fiestas navideñas y fechas promocionales como el Black Friday o el Ciber Monday, «auténticos hitos para el sector que han conllevado necesidades de mano de obra».
Esta nueva vía de consumo está obligando a las empresas a demandar perfiles adicionales a los habituales, en especial en lo que a competencias digitales se refiere. De este modo, los candidatos tendrán que contar a menudo con formación específica de determinadas plataformas tecnológicas propias del comercio o la logística. Además, los reclutadores valoran en muchas posiciones una experiencia previa para una rápida adaptación a puestos muy dinámicos, según Randstad.
En el sector de la logística se espera la demanda de puestos de empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, entre otros. Se incrementan asimismo las necesidades de profesionales destinados a la atención al cliente, tanto para atención online como telefónica.
Por su parte, el comercio tradicional precisará de perfiles que refuercen sus plantillas ante el aumento de consumidores con dependientes, promotores, azafatos y perfiles comerciales, principalmente, entre los que se valorará una buena predisposición a la atención al público.
Fuente: EUROPA PRESS
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Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM
Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.
La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».
Airbnb defiende la legalidad de su plataforma
Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».
Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.
Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales
La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.
Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.
Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios
En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.
Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.
Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento
En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.
“Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.
Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.
Colaboraciones recientes con gobiernos regionales
Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».
¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?
La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:
1. Falta de número de licencia
Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.
2. Falta de información sobre el arrendador
Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.
3. Licencias no válidas o falsificadas
Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.
Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico
El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.
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