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Libertad provisional para los padres del joven acusado por la muerte de su pareja en Vinaròs

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El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaròs ha acordado este miércoles la libertad provisional de los padres del joven que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado lunes por la muerte de su compañera sentimental en Vinaròs (Castellón).

Ambos progenitores han quedado investigados por un delito de homicidio y el magistrado les ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte y comparecencias en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

El juez instructor, con competencias en materia de violencia de género, ha decidido también prorrogar un mes el secreto de las actuaciones, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La Guardia Civil detuvo a los padres del joven que presuntamente mató a su pareja en Vinaròs (Castellón) por un presunto delito de encubrimiento. Ambos se suman a los tres arrestados inicialmente, entre ellos el autor confeso, y en principio se descartan más detenciones, según confirmó el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio.

El cuerpo de la joven de 26 años fue localizado en la noche de este pasado domingo, enterrado y con signos de violencia en un descampado de Ulldecona (Tarragona). La desaparición fue denunciada el 7 de marzo en Vinaròs –localidad donde residía– por su compañero sentimental, un hombre de 22 años que fue detenido el viernes y finalmente confesó.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, ordenó este lunes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido por presuntamente matar a su pareja. El arrestado ha quedado investigado en una causa declarada secreta por un delito de homicidio/asesinato.

Por otro lado, el magistrado decretó la libertad provisional de otros dos detenidos por estos hechos, que están investigados inicialmente por el mismo delito que el anterior, sin perjuicio de una posterior calificación jurídica. A estos dos hombres se les impuso como medida cautelar la obligación de comparecer en el juzgado una vez al mes.

Fuente: Europa Press

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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