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Llegan los primeros test de antígenos a los hospitales y ambulatorios valencianos

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La Conselleria de Sanidad ya ha comenzado la distribución de 250.000 dosis de test de antígenos, una prueba que puede diagnosticar el coronavirus en apenas quince minutos. Las dosis se han repartido principalmente en los servicios de Urgencias de los hospitales y en los centros de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat ha adquirido 500.000 dosis de este test, que llegaron el pasado fin de semana al espacio logístico para material sanitario que se ha habilitado en la Fira de València. La comisionada de Presidencia para la coordinación de suministros, María José Mira, ha negociado su compra a la firma Abbott Rapid Diagnostics Healthcare, S.L. a cambio de 2.250.000 euros. Su coste se cofinanciará con fondos europeos.

Los test de antígenos tienen una especial utilidad para detectar y frenar contagios entre los profesionales de la salud, ya que se utilizan para casos sospechosos con una evolución sintomática de menos de 5 días. Para el resto de los casos, y según el protocolo que marca la «Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19» del Ministerio de Sanidad, se continuará realizando la PCR.

Los resultados del test de antígenos se obtienen apenas 15 minutos después de su realización. Detectan proteínas del COVID-19 en el frotis nasal y tienen una fiabilidad muy elevada. Además de ahorrar tiempo porque la prueba no se ha de analizar en un laboratorio, ahorrar mucho dinero, ya que tienen un precio unitario de 4,5 euros.

La adquisición de medio millón de dosis de test de antígenos aumenta la reserva estratégica de material sanitario para luchar contra el coronavirus de la Comunitat Valenciana, una de las mayores del Estado. La Generalitat ya acumula más de 500 toneladas de productos en los sótanos habilitados como gran almacén en Fira València. Este material se suma al que la conselleria de Sanidad ya ha distribuido en el sistema de salud valenciano.

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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