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Llegan los primeros test de antígenos a los hospitales y ambulatorios valencianos

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La Conselleria de Sanidad ya ha comenzado la distribución de 250.000 dosis de test de antígenos, una prueba que puede diagnosticar el coronavirus en apenas quince minutos. Las dosis se han repartido principalmente en los servicios de Urgencias de los hospitales y en los centros de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat ha adquirido 500.000 dosis de este test, que llegaron el pasado fin de semana al espacio logístico para material sanitario que se ha habilitado en la Fira de València. La comisionada de Presidencia para la coordinación de suministros, María José Mira, ha negociado su compra a la firma Abbott Rapid Diagnostics Healthcare, S.L. a cambio de 2.250.000 euros. Su coste se cofinanciará con fondos europeos.

Los test de antígenos tienen una especial utilidad para detectar y frenar contagios entre los profesionales de la salud, ya que se utilizan para casos sospechosos con una evolución sintomática de menos de 5 días. Para el resto de los casos, y según el protocolo que marca la «Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19» del Ministerio de Sanidad, se continuará realizando la PCR.

Los resultados del test de antígenos se obtienen apenas 15 minutos después de su realización. Detectan proteínas del COVID-19 en el frotis nasal y tienen una fiabilidad muy elevada. Además de ahorrar tiempo porque la prueba no se ha de analizar en un laboratorio, ahorrar mucho dinero, ya que tienen un precio unitario de 4,5 euros.

La adquisición de medio millón de dosis de test de antígenos aumenta la reserva estratégica de material sanitario para luchar contra el coronavirus de la Comunitat Valenciana, una de las mayores del Estado. La Generalitat ya acumula más de 500 toneladas de productos en los sótanos habilitados como gran almacén en Fira València. Este material se suma al que la conselleria de Sanidad ya ha distribuido en el sistema de salud valenciano.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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