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Lo peor de la pandemia llega a la Comunitat después del toque de queda

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Cuando el Gobierno de España decidió instaurar un nuevo Estado de Alarma, desde el Ministerio de Sanidad se advirtió que la efectividad de las nuevas restricciones se comprobaría en 14 días. Tres semanas después, y mientras en el resto del país la curva empieza a suavizarse, la Comunitat Valenciana ha empeorado sus cifras de manera significativa. Ya son los peores 21 días desde el inicio de la pandemia. Es, junto a Asturias y Andalucía, la única comunidad autónoma donde los contagios siguen al alza. Las números hablan por sí solos: desde la imposición del toque de queda se han registrado casi 30.000 contagios, 5.000 más que en los seis primeros meses de la crisis sanitaria.

Todos los indicativos están en rojo. El de casos activos se ha multiplicado por más de dos, pasando en estas tres semanas de 7.907 a 16.623. La presión hospitalaria también ha crecido hasta casi doblarse los ingresos, y mucho peores son las cifras en UCI: de 125 a 277 personas ingresadas desde la adopción de las nuevas restricciones.

En cuanto a las residencias, uno de los grandes frentes de lucha de esta pandemia, ya hay algún caso en 75 centros de la Comunitat. Hace tres semanas eran 36. Los contagios entre los residentes se han disparado, y en la última actualización de la Conselleria de Sanitat ya había más de 500 ancianos infectados. 46 han perdido la vida desde el 24 de octubre.

Es precisamente en el número de fallecidos donde el empeoramiento de los datos en estas tres semanas se hace más evidente. Sólo en los últimos siete días, 130 personas han muerto por COVID-19 en la Comunitat Valenciana. Para ponerlo en perspectiva, en todo el mes de octubre hubo 28 muertes y en septiembre 35.

Con todos estos datos en la mano, la Comunitat se ha adentrado ya en el nivel 4 o riesgo extremo que marca el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad y las autonomías: supera el 15% en la tasa de incidencia de contagios, en la de positividad de PCR y en la de ocupación hospitalaria, y el 25% en la de ocupación de camas UCI.

Tres semanas después de la entrada en vigor de una restricciones que además se han ido endureciendo (cierre del ocio nocturno, cierre perimetral del territorio o máximo de seis personas en reuniones sociales y familiares), los resultados no sólo no mejoran, sino que empeoran. La evolución de los datos de esta semana será decisiva en la decisión que se adopte desde el Palau de la Generalitat.

 

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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

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Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.


Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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