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Lo peor de la pandemia llega a la Comunitat después del toque de queda

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Cuando el Gobierno de España decidió instaurar un nuevo Estado de Alarma, desde el Ministerio de Sanidad se advirtió que la efectividad de las nuevas restricciones se comprobaría en 14 días. Tres semanas después, y mientras en el resto del país la curva empieza a suavizarse, la Comunitat Valenciana ha empeorado sus cifras de manera significativa. Ya son los peores 21 días desde el inicio de la pandemia. Es, junto a Asturias y Andalucía, la única comunidad autónoma donde los contagios siguen al alza. Las números hablan por sí solos: desde la imposición del toque de queda se han registrado casi 30.000 contagios, 5.000 más que en los seis primeros meses de la crisis sanitaria.

Todos los indicativos están en rojo. El de casos activos se ha multiplicado por más de dos, pasando en estas tres semanas de 7.907 a 16.623. La presión hospitalaria también ha crecido hasta casi doblarse los ingresos, y mucho peores son las cifras en UCI: de 125 a 277 personas ingresadas desde la adopción de las nuevas restricciones.

En cuanto a las residencias, uno de los grandes frentes de lucha de esta pandemia, ya hay algún caso en 75 centros de la Comunitat. Hace tres semanas eran 36. Los contagios entre los residentes se han disparado, y en la última actualización de la Conselleria de Sanitat ya había más de 500 ancianos infectados. 46 han perdido la vida desde el 24 de octubre.

Es precisamente en el número de fallecidos donde el empeoramiento de los datos en estas tres semanas se hace más evidente. Sólo en los últimos siete días, 130 personas han muerto por COVID-19 en la Comunitat Valenciana. Para ponerlo en perspectiva, en todo el mes de octubre hubo 28 muertes y en septiembre 35.

Con todos estos datos en la mano, la Comunitat se ha adentrado ya en el nivel 4 o riesgo extremo que marca el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad y las autonomías: supera el 15% en la tasa de incidencia de contagios, en la de positividad de PCR y en la de ocupación hospitalaria, y el 25% en la de ocupación de camas UCI.

Tres semanas después de la entrada en vigor de una restricciones que además se han ido endureciendo (cierre del ocio nocturno, cierre perimetral del territorio o máximo de seis personas en reuniones sociales y familiares), los resultados no sólo no mejoran, sino que empeoran. La evolución de los datos de esta semana será decisiva en la decisión que se adopte desde el Palau de la Generalitat.

 

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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