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Lo peor de la pandemia llega a la Comunitat después del toque de queda

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Cuando el Gobierno de España decidió instaurar un nuevo Estado de Alarma, desde el Ministerio de Sanidad se advirtió que la efectividad de las nuevas restricciones se comprobaría en 14 días. Tres semanas después, y mientras en el resto del país la curva empieza a suavizarse, la Comunitat Valenciana ha empeorado sus cifras de manera significativa. Ya son los peores 21 días desde el inicio de la pandemia. Es, junto a Asturias y Andalucía, la única comunidad autónoma donde los contagios siguen al alza. Las números hablan por sí solos: desde la imposición del toque de queda se han registrado casi 30.000 contagios, 5.000 más que en los seis primeros meses de la crisis sanitaria.

Todos los indicativos están en rojo. El de casos activos se ha multiplicado por más de dos, pasando en estas tres semanas de 7.907 a 16.623. La presión hospitalaria también ha crecido hasta casi doblarse los ingresos, y mucho peores son las cifras en UCI: de 125 a 277 personas ingresadas desde la adopción de las nuevas restricciones.

En cuanto a las residencias, uno de los grandes frentes de lucha de esta pandemia, ya hay algún caso en 75 centros de la Comunitat. Hace tres semanas eran 36. Los contagios entre los residentes se han disparado, y en la última actualización de la Conselleria de Sanitat ya había más de 500 ancianos infectados. 46 han perdido la vida desde el 24 de octubre.

Es precisamente en el número de fallecidos donde el empeoramiento de los datos en estas tres semanas se hace más evidente. Sólo en los últimos siete días, 130 personas han muerto por COVID-19 en la Comunitat Valenciana. Para ponerlo en perspectiva, en todo el mes de octubre hubo 28 muertes y en septiembre 35.

Con todos estos datos en la mano, la Comunitat se ha adentrado ya en el nivel 4 o riesgo extremo que marca el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad y las autonomías: supera el 15% en la tasa de incidencia de contagios, en la de positividad de PCR y en la de ocupación hospitalaria, y el 25% en la de ocupación de camas UCI.

Tres semanas después de la entrada en vigor de una restricciones que además se han ido endureciendo (cierre del ocio nocturno, cierre perimetral del territorio o máximo de seis personas en reuniones sociales y familiares), los resultados no sólo no mejoran, sino que empeoran. La evolución de los datos de esta semana será decisiva en la decisión que se adopte desde el Palau de la Generalitat.

 

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La UCO detiene al presidente del PP de la Diputación de Almería por presunta corrupción en la compra de mascarillas

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes en Almería a Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial y líder del Partido Popular en la provincia, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La operación incluye también la detención del vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, así como del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP. Las detenciones se producen por presuntos contratos irregulares vinculados a la adquisición de material sanitario.


Registros en marcha y una investigación dirigida desde un juzgado de Almería

Según fuentes próximas al caso, el operativo está siendo coordinado por un juzgado de instrucción de Almería, que ha ordenado registros simultáneos en varios puntos de la provincia relacionados con los investigados.

Estas fuentes subrayan que el procedimiento no está conectado con los casos abiertos en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, que también investigan contratos de emergencia durante la pandemia. En este caso concreto, todos los implicados pertenecen al Partido Popular.


Contratos de mascarillas bajo sospecha

La investigación se inició tras detectar posibles irregularidades en contratos de suministro de mascarillas y otros materiales sanitarios, adjudicados durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria.

La UCO analiza ahora documentación incautada para determinar el alcance de las responsabilidades y el presunto perjuicio económico.

 

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