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Lo peor de la pandemia llega a la Comunitat después del toque de queda

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Cuando el Gobierno de España decidió instaurar un nuevo Estado de Alarma, desde el Ministerio de Sanidad se advirtió que la efectividad de las nuevas restricciones se comprobaría en 14 días. Tres semanas después, y mientras en el resto del país la curva empieza a suavizarse, la Comunitat Valenciana ha empeorado sus cifras de manera significativa. Ya son los peores 21 días desde el inicio de la pandemia. Es, junto a Asturias y Andalucía, la única comunidad autónoma donde los contagios siguen al alza. Las números hablan por sí solos: desde la imposición del toque de queda se han registrado casi 30.000 contagios, 5.000 más que en los seis primeros meses de la crisis sanitaria.

Todos los indicativos están en rojo. El de casos activos se ha multiplicado por más de dos, pasando en estas tres semanas de 7.907 a 16.623. La presión hospitalaria también ha crecido hasta casi doblarse los ingresos, y mucho peores son las cifras en UCI: de 125 a 277 personas ingresadas desde la adopción de las nuevas restricciones.

En cuanto a las residencias, uno de los grandes frentes de lucha de esta pandemia, ya hay algún caso en 75 centros de la Comunitat. Hace tres semanas eran 36. Los contagios entre los residentes se han disparado, y en la última actualización de la Conselleria de Sanitat ya había más de 500 ancianos infectados. 46 han perdido la vida desde el 24 de octubre.

Es precisamente en el número de fallecidos donde el empeoramiento de los datos en estas tres semanas se hace más evidente. Sólo en los últimos siete días, 130 personas han muerto por COVID-19 en la Comunitat Valenciana. Para ponerlo en perspectiva, en todo el mes de octubre hubo 28 muertes y en septiembre 35.

Con todos estos datos en la mano, la Comunitat se ha adentrado ya en el nivel 4 o riesgo extremo que marca el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad y las autonomías: supera el 15% en la tasa de incidencia de contagios, en la de positividad de PCR y en la de ocupación hospitalaria, y el 25% en la de ocupación de camas UCI.

Tres semanas después de la entrada en vigor de una restricciones que además se han ido endureciendo (cierre del ocio nocturno, cierre perimetral del territorio o máximo de seis personas en reuniones sociales y familiares), los resultados no sólo no mejoran, sino que empeoran. La evolución de los datos de esta semana será decisiva en la decisión que se adopte desde el Palau de la Generalitat.

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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