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Valencia

Los bomberos se concentran contra los recortes y por un convenio

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Los bomberos y bomberos forestales se concentran contra los recortes y por un convenio

Bomberos y bomberos forestales se han concentrado este lunes en València en protesta por los recortes en su servicio, y para exigir la firma del primer convenio colectivo de la empresa SGISE y el 100 % de las unidades contratadas los 365 días del año.

Convocada por los sindicatos CCOO, Spplb, UGT y CGT, la protesta ha convocado a unas doscientas personas, según ha indicado a EFE el presidente del comité de empresa, Ferran Edo, ante la Conselleria de Justicia y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

Ataviados con sus equipaciones de trabajo, muchos de ellos incluso con casco, los manifestantes llevaban pancartas en las que se leía «No a los recortes», «Aprobación del primer convenio de bomberos forestales ya» y «Estabilidad laboral y personal de refuerzo 12 meses».

Según los convocantes, los incendios forestales de abril en Villanueva de Viver (Castellón) y noviembre en Montitxelvo (Valencia) han demostrado que «la estacionalidad de los incendios es cosa del pasado» y «la cosa no irá a mejor, porque cada vez son más agresivos y hay más fenómenos meteorológicos adversos».

Han recordado que han expuesto en numerosas ocasiones, tanto al anterior gobierno autonómico como al actual, el problema de seguir una estructuración «obsoleta, que no se ajusta al contexto de emergencia climática actual» ni «garantiza la correcta operatividad de las unidades», y que además «perpetúa la precariedad de los profesionales al no garantizar una contratación digna anual».

Un tercio de las unidades son temporales y «no se garantiza la conciliación familiar y laboral», al tiempo que sufren «un sistema de localizaciones abusivo» y han recordado que en el último incendio forestal, el gasto se destinó a financiar operativos de otras provincias.

Igualmente, han incidido en que con la llegada del nuevo Consell han «esperado con calma» que «se dejara de hablar de la herencia recibida y se comenzara a ver un plan estratégico para mejorar el servicio».

Sin embargo, han advertido que en los presupuestos de 2024 «se desenmascara una política de recortes con un 0,2 % menos en prevención de incendios» y han recordado que se les comunicó que era «imposible prorrogar la contratación del personal de refuerzo por falta de presupuesto».

Ademas, han lamentado que «no se sabe nada del primer convenio colectivo que refuerza la partes social y que ya está firmado con la empresa SGISE, que aglutina a todo el personal bajo un mismo marco legal y que aporta mejoras al colectivo», como la segunda actividad, una «reclamación histórica».

«Consideramos que la aprobación del convenio es un paso adelante en los derechos laborales y la profesionalización de todo el operativo de extinción de incendios», han añadido.

Por ello han convocado esta concentración y han solicitado una reunión urgente con la consellera de Justicia, Elisa Núñez, y el secretario autonómico, Ángel Javier Montero.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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