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Los cinco miembros de ‘La Manada’ ya están en la calle

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Los cinco miembros de ‘La Manada’ han abandonado la cárcel y están ya en libertad provisional tras pagar la fianza de 6.000 euros fijada por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra. Los primeros en salir han sido José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza, quienes permanecían en el centro penitenciario de Pamplona. Tras ellos, lo han hecho Antonio M. Guerrero y Alfonso Cabezuelo, que se encontraban en el Centro Penitenciario Militar de Alcalá de Henares, en Madrid.

Los miembros de ‘La Manada’, condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento en los Sanfermines de 2016, quedan en libertad provisional tras casi dos años en prisión, desde que fueran detenidos el 7 de julio de 2016.

Los primeros en salir eran los encausados que se encontraban en la prisión de Pamplona, José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza. Todos ellos han sido recogidos en la puerta de la cárcel por vehículos que les estaban esperando.

Poco más de una hora después lo hacían los otros dos integrantes de ‘La Manada’, el guardia civil Antonio M. Guerrero y el militar Alfonso Cabezuelo, que permanecían en el Centro Penitenciario Militar de Alcalá de Henares, en Madrid.

EL TRIBUNAL NO APRECIA RIESGO DE FUGA NI DE REITERACIÓN DELICTIVA
El auto de la Audiencia de Navarra por el que se dicta la libertad provisional se basa en que los magistrados no aprecian riesgo de fuga de los condenados al haberse reducido «notablemente» en la sentencia las penas que solicitaban las acusaciones y al no apreciar tampoco riesgo de reiteración delictiva.

En el auto, dictado por mayoría de dos magistrados a uno, se señala que la prisión provisional se había vinculado en 2017 a las altas penas solicitadas por las acusaciones y a la inminencia de la celebración del juicio oral, pero considera que «estas razones han perdido notablemente la fuerza que, en su día, pudieron tener».

Tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona, que han ejercido la acusación popular en el juicio, han anunciado que recurrirán la prisión provisional. De la misma manera, la Fiscalía recurrirá en súplica el auto de la Audiencia Provincial de Navarra.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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