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Los cinco miembros de ‘La Manada’ ya están en la calle

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Los cinco miembros de ‘La Manada’ han abandonado la cárcel y están ya en libertad provisional tras pagar la fianza de 6.000 euros fijada por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra. Los primeros en salir han sido José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza, quienes permanecían en el centro penitenciario de Pamplona. Tras ellos, lo han hecho Antonio M. Guerrero y Alfonso Cabezuelo, que se encontraban en el Centro Penitenciario Militar de Alcalá de Henares, en Madrid.

Los miembros de ‘La Manada’, condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento en los Sanfermines de 2016, quedan en libertad provisional tras casi dos años en prisión, desde que fueran detenidos el 7 de julio de 2016.

Los primeros en salir eran los encausados que se encontraban en la prisión de Pamplona, José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza. Todos ellos han sido recogidos en la puerta de la cárcel por vehículos que les estaban esperando.

Poco más de una hora después lo hacían los otros dos integrantes de ‘La Manada’, el guardia civil Antonio M. Guerrero y el militar Alfonso Cabezuelo, que permanecían en el Centro Penitenciario Militar de Alcalá de Henares, en Madrid.

EL TRIBUNAL NO APRECIA RIESGO DE FUGA NI DE REITERACIÓN DELICTIVA
El auto de la Audiencia de Navarra por el que se dicta la libertad provisional se basa en que los magistrados no aprecian riesgo de fuga de los condenados al haberse reducido «notablemente» en la sentencia las penas que solicitaban las acusaciones y al no apreciar tampoco riesgo de reiteración delictiva.

En el auto, dictado por mayoría de dos magistrados a uno, se señala que la prisión provisional se había vinculado en 2017 a las altas penas solicitadas por las acusaciones y a la inminencia de la celebración del juicio oral, pero considera que «estas razones han perdido notablemente la fuerza que, en su día, pudieron tener».

Tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona, que han ejercido la acusación popular en el juicio, han anunciado que recurrirán la prisión provisional. De la misma manera, la Fiscalía recurrirá en súplica el auto de la Audiencia Provincial de Navarra.

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Hacienda aplaza a 2027 la entrada en vigor de Verifactu para pymes y autónomos

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Hacienda mayores 65 años

La Agencia Tributaria ha confirmado el aplazamiento de la obligación de usar Verifactu, el sistema de verificación de facturas para empresas, pymes y autónomos, hasta 2027. La medida afecta a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, cuya obligación comenzará en enero de 2027, y al resto de empresas y autónomos, que deberán cumplirla a partir de julio de 2027.

Qué es Verifactu y por qué se implementa

Verifactu es un software obligatorio de facturación que digitaliza y estandariza los procesos de emisión de facturas. Su objetivo es garantizar la autenticidad, integridad y trazabilidad de los pagos, facilitando además la vigilancia de Hacienda sobre las operaciones económicas. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta 50.000 euros.

Según datos del Observatorio TeamSystem, solo un 8% de las pymes y autónomos ha implementado Verifactu hasta mediados de noviembre, mientras que un 15% está en proceso de hacerlo.

Motivo del aplazamiento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en Rac1 que el aplazamiento forma parte de un real decreto ley para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y promover la digitalización de los procesos de facturación. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, explicó que la medida es especialmente relevante para pymes y autónomos, quienes habían solicitado más tiempo para adaptarse al sistema.

Reacciones del sector

El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, celebró la medida en la red social X: “Por fin llega el sentido común que reclamábamos. Se aplaza un año la entrada en vigor de Verifactu. Un alivio para los autónomos ante la marea de cargas y trámites que sufrimos”.

Expertos como Gonzalo de Luis recuerdan que Verifactu no altera la fiscalidad vigente, sino que permite a Hacienda conocer todos los ingresos de los profesionales, reducir la morosidad, acelerar cobros y profesionalizar la gestión de los negocios.

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