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Los directivos de Castor afirman el primer día de juicio que nadie percibió temblores

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(EFE/OP).- El presidente de Escal UGS y su consejero delegado, Recaredo del Potro y José Luis Matínez Dalmau, acusados en el juicio por los seísmos provocados por la inyección de gas en el proyecto Castor en septiembre de 2013, han declarado este lunes que durante ese proceso «nadie percibió el más leve temblor».

Según han declarado en el juicio que se sigue desde este lunes contra ellos en la Audiencia de Castellón, la actividad que llevó a cabo la empresa en 2013 «no ha alterado» la peligrosidad en la falla de Amposta, que según defienden sigue siendo la más baja de España, y durante el proceso se cumplieron todos los protocolos de seguridad.

Del Potro ha explicado, a preguntas de la fiscal, que se conocía la existencia de microsismicidad en la zona pero que se daba la misma en dos ejemplos en plantas que todavía funcionan, y que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) había determinado que lo mayor que podía producirse en la zona de inyección (frente a las costas de Vinaròs) era un seísmo de 4,7 grados, una cifra «lejos de suponer un riesgo real».

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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