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Los expertos ponen fecha al pico de la sexta ola

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València, 17 ene (OP/EFE).- La transmisión de la covid-19 se ha «desacelerado notablemente» y en una semana la curva epidémica podría entrar en una meseta -pico de la curva- e incluso empezar a descender, según afirman varios expertos consultados por EFE.

El catedrático de Parasitología de la Universitat de València (UV) y experto en inmunología Rafael Toledo cree que estamos «llegando al final» de la sexta ola porque la incidencia acumulada a siete días «está bajando».

No obstante, aclara que aunque la incidencia viene «sesgada» por los días de fiestas de las pasadas semanas, durante las cuales se han hecho muchos test y pruebas PCR, sí que está bajando la pendiente de porcentajes de ingresos hospitalarios diarios.

«Si no hemos llegado al pico, estamos llegando, está empezando a estabilizarse y llegando a una meseta que supongo será corta y bajará rápido, que es lo que esta pasando con ómicron en todos los países», ha indicado Toledo a EFE.

El investigador de la Fundación de Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio) y uno de los expertos asesores de la Generalitat en covid, Salvador Peiró, afirma que se ha «desacelerado notablemente» la transmisión.

Según explica a EFE Peiró, doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública, tal y como funciona la transmisión «es previsible que en una semana entremos en meseta (pico de la curva) o incluso empecemos a descender».

En el conjunto de España, indica, la reducción del testado (menos detección) por el cambio en los criterios de realización de pruebas por 1.000 habitantes está en el entorno del 20 por ciento.

«Se supone que con el aumento de casos deberíamos estar subiendo en pruebas, no bajando. Pero el cambio en la pendiente, asociada a la reducción de pruebas, es obvio y la desaceleración real», según Peiró.

A juicio del catedrático de Genética de la Universitat de València (UV) Fernando González Candelas, «estamos más bien en la zona meseta, no podemos decir que hemos llegado al pico porque no hemos empezado a descender».

«Los datos no dicen que hayamos llegado ya al pico, hasta que no hayamos empezado el descenso y se mantenga no podemos decir que hemos llegado al pico», indica a EFE González Candelas.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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