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Los expertos ponen fecha al pico de la sexta ola

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covid

València, 17 ene (OP/EFE).- La transmisión de la covid-19 se ha «desacelerado notablemente» y en una semana la curva epidémica podría entrar en una meseta -pico de la curva- e incluso empezar a descender, según afirman varios expertos consultados por EFE.

El catedrático de Parasitología de la Universitat de València (UV) y experto en inmunología Rafael Toledo cree que estamos «llegando al final» de la sexta ola porque la incidencia acumulada a siete días «está bajando».

No obstante, aclara que aunque la incidencia viene «sesgada» por los días de fiestas de las pasadas semanas, durante las cuales se han hecho muchos test y pruebas PCR, sí que está bajando la pendiente de porcentajes de ingresos hospitalarios diarios.

«Si no hemos llegado al pico, estamos llegando, está empezando a estabilizarse y llegando a una meseta que supongo será corta y bajará rápido, que es lo que esta pasando con ómicron en todos los países», ha indicado Toledo a EFE.

El investigador de la Fundación de Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio) y uno de los expertos asesores de la Generalitat en covid, Salvador Peiró, afirma que se ha «desacelerado notablemente» la transmisión.

Según explica a EFE Peiró, doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública, tal y como funciona la transmisión «es previsible que en una semana entremos en meseta (pico de la curva) o incluso empecemos a descender».

En el conjunto de España, indica, la reducción del testado (menos detección) por el cambio en los criterios de realización de pruebas por 1.000 habitantes está en el entorno del 20 por ciento.

«Se supone que con el aumento de casos deberíamos estar subiendo en pruebas, no bajando. Pero el cambio en la pendiente, asociada a la reducción de pruebas, es obvio y la desaceleración real», según Peiró.

A juicio del catedrático de Genética de la Universitat de València (UV) Fernando González Candelas, «estamos más bien en la zona meseta, no podemos decir que hemos llegado al pico porque no hemos empezado a descender».

«Los datos no dicen que hayamos llegado ya al pico, hasta que no hayamos empezado el descenso y se mantenga no podemos decir que hemos llegado al pico», indica a EFE González Candelas.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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