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Los funcionarios catalanes tendrán que devolver las horas no trabajadas en la huelga del 3-O

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El gobierno catalán ha anunciado que los empleados públicos tendrán que recuperar las horas no trabajadas en el «paro del país» del pasado 3 de octubre, a pesar de que se les había garantizado que esta huelga no supondría un descuento salarial en sus nóminas.

En concreto, el Govern ha comunicado a los funcionarios que cuentan con un plazo de cuatro meses para recuperar las siete horas y media de jornada correspondientes al día 3 de octubre.

«El personal de administración y técnico y el personal laboral tiene que recuperar el tiempo de ausencia total o parcial, preferentemente una vez acabada la jornada diaria habitual en el plazo máximo de cuatro meses», señala la nota informativa colgada por el Govern en el portal del empleado de la Generalitat (ATRI).

Esta nueva decisión ha causado la indignación entre los sindicatos de empleo público debido a que antes de la huelga la Generalitat les aseguró que esta huelga no se contabilizaría y se consideraría como un permiso retribuido. Tras el comunicado, han criticado que el Govern «desobedece las sentencias del Tribunal Constitucional, hace caso al ministro Montoro».

Asimismo, los sindicatos se han quejado por los trabajadores que querían ir a trabajar y se encontraron sus lugares de trabajo cerrados o con dificultades para llegar hasta sus puestos de trabajo.

Desde la UGT han asegurado que no permitirán «que se descuente un solo euro de las nóminas y que se intente obligar a recuperar estas horas». «Se trata de otra prueba de la falta de respeto del Govern hacia sus empleados», han recalcado.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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