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Los funcionarios catalanes tendrán que devolver las horas no trabajadas en la huelga del 3-O

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El gobierno catalán ha anunciado que los empleados públicos tendrán que recuperar las horas no trabajadas en el «paro del país» del pasado 3 de octubre, a pesar de que se les había garantizado que esta huelga no supondría un descuento salarial en sus nóminas.

En concreto, el Govern ha comunicado a los funcionarios que cuentan con un plazo de cuatro meses para recuperar las siete horas y media de jornada correspondientes al día 3 de octubre.

«El personal de administración y técnico y el personal laboral tiene que recuperar el tiempo de ausencia total o parcial, preferentemente una vez acabada la jornada diaria habitual en el plazo máximo de cuatro meses», señala la nota informativa colgada por el Govern en el portal del empleado de la Generalitat (ATRI).

Esta nueva decisión ha causado la indignación entre los sindicatos de empleo público debido a que antes de la huelga la Generalitat les aseguró que esta huelga no se contabilizaría y se consideraría como un permiso retribuido. Tras el comunicado, han criticado que el Govern «desobedece las sentencias del Tribunal Constitucional, hace caso al ministro Montoro».

Asimismo, los sindicatos se han quejado por los trabajadores que querían ir a trabajar y se encontraron sus lugares de trabajo cerrados o con dificultades para llegar hasta sus puestos de trabajo.

Desde la UGT han asegurado que no permitirán «que se descuente un solo euro de las nóminas y que se intente obligar a recuperar estas horas». «Se trata de otra prueba de la falta de respeto del Govern hacia sus empleados», han recalcado.

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Podemos se abre a negociar el traspaso de competencias migratorias a Cataluña tras acuerdo con el PSOE

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Belarra amnistía

Madrid, 27 Ene. 2026 – La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que su formación política está abierta a negociar el traspaso de competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña, después de cerrar un acuerdo con el PSOE para la regularización extraordinaria de migrantes sin papeles mediante decreto.

Belarra ha destacado que la prioridad del partido es garantizar los derechos de las personas migrantes y mejorar la gestión de la inmigración en España. Según sus declaraciones, el acuerdo con el PSOE permitirá avanzar en la regularización de miles de trabajadores y residentes irregulares, mientras que la negociación con Cataluña buscaría una gestión más directa y cercana a las comunidades autónomas.

Acuerdo con el PSOE para regularizar migrantes

El pacto entre Podemos y el PSOE se centra en aprobar un decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que incluirá a trabajadores esenciales, personas en situación vulnerable y solicitantes de asilo que cumplan los requisitos establecidos.

El objetivo, según la secretaria general de Podemos, es ofrecer seguridad jurídica, derechos laborales y acceso a servicios públicos a quienes hasta ahora se encontraban en situación irregular, además de impulsar la integración social y laboral de este colectivo.

Posible traspaso de competencias a Cataluña

Tras este acuerdo, Podemos se ha mostrado dispuesto a explorar la transferencia de competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña, un paso que implicaría una mayor autonomía en la gestión de políticas de migración dentro de la comunidad autónoma.

Belarra ha explicado que esta medida permitirá una administración más eficiente y cercana a la realidad de los migrantes en Cataluña, donde ya existen programas piloto de integración y atención social que podrían fortalecerse con un traspaso de funciones.

Reacciones y próximos pasos

El anuncio de Podemos ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Algunos sectores ven con buenos ojos la descentralización de la gestión migratoria, mientras que otros advierten sobre la complejidad legal y administrativa de transferir competencias del Estado a las comunidades autónomas.

Por su parte, el PSOE reafirma su compromiso con la regularización de migrantes y la protección de sus derechos, asegurando que cualquier negociación futura con Cataluña se realizará dentro del marco legal vigente y con coordinación intergubernamental.

El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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