La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha presentado el II Plan de Igualdad de Hombres y Mujeres de la Administración de la Generalitat. La iniciativa ha sido negociada en el seno de la Comisión de Igualdad constituida en mayo de 2016 y que también estudió la reforma de la Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana y cuyos trabajos se plasmaron en el ‘Libro Violeta de la Función Pública Valenciana’. El plan presenta un total de 72 medidas con las que se pretenden alcanzar diez objetivos en el seno de una política integral para que la administración valenciana sea un ejemplo de igualdad.

Según ha explicado la consellera Bravo, «este II Plan de Igualdad recoge el compromiso de la Generalitat por ser parte activa esencial en el proceso necesario para que mujeres y hombres tengan idénticas circunstancias y oportunidades en el terreno del empleo publico y que este ámbito se constituya en motor de cambio y traslade su influencia a todos los ámbitos de la sociedad valenciana».

El II Plan de Igualdad para los empleados de la Generalitat se plantea diez objetivos en los tres años que tendrá de vigencia y que son los siguientes:
1. Dinamizar el funcionamiento de las unidades de Igualdad de las consellerias encargadas de la elaboración de informes de impacto de género en los proyectos de ley y normas reglamentarias en general, así como la revisión de las denominaciones de los puestos de trabajo para eliminar los sesgos de género.

1. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos colegiados de participación y representación y este compromiso no sólo lo asume la Generalitat, sino también las organizaciones sindicales.

2. Promover el acceso de las mujeres a puestos donde son minoría. Como novedosa medida de calado, se incluirán en las convocatorias de concursos y procesos selectivos de acceso a la Función Pública cláusulas de desempate favorable a las mujeres en aquellos sectores donde estén infrarrepresentadas.

3. Se pretende ampliar la corresponsabilidad de los hombres en la vida familiar y laboral y, para ello, se llevaran a término campañas de sensibilización que mejoren la información del personal en todo a lo referente a los derechos, permisos y medidas de flexibilización de jornada existentes, a fin de favorecer su uso efectivo. Para lograr este objetivo se propone -por primera vez- que el personal con hijas e hijos menores de 14 (edad pediátrica) años tengan preferencia para la elección del periodo vacacional y días de asuntos propios durante los periodos no lectivos. Esta medida se ampliará al personal que tenga a su cargo personas mayores de 65 años en situación de dependencia o con diversidades funcionales.

4. Fomentar la formación en igualdad del personal, comenzando por quienes ocupan puestos directivos o pertenecen a órganos de selección. Estos últimos deberán realizar cursos específicos en materia de igualdad de oportunidades y aplicación de la perspectiva de género.

5. Se corregirán las causas que provocan la desigualdad salarial mediante un estudio pormenorizado de los puestos de trabajo y retribuciones con el fin de detectar las brechas salariales.

6. Garantizar la protección adecuada en el ámbito laboral a las víctimas de violencia de género y de acoso sexual o por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género. Para ello se ha elaborado un protocolo de prevención y actuación que incluye garantías de confidencialidad, para la protección de su integridad física y moral y un procedimiento específico de movilidad para las empleadas públicas en esta situación. Las medidas en este ámbito deberán ejecutarse de manera urgente y preferente a través de procedimientos especialmente ágiles que garanticen su eficacia.

7. Fomentar la comunicación en igualdad mediante el lenguaje no sexista tanto en el ámbito interno como en el de los servicios a a la ciudadanía.

8. Promocionar la salud laboral de las empleadas públicas desde una perspectiva de género. Para ello se propone la elaboración por departamentos, de un listado de puestos con riesgo para la mujer embarazada o en periodo de lactancia natural, con especial atención a los puestos de trabajo en centros de atención continuada y directa a la ciudadanía. También se crearán procedimientos específicos que contemplen y faciliten la adaptación o el cambio del puesto ante situación de embarazo o periodo de lactancia natural, sin que suponga merma económica para las mujeres.

9. Fomentar la evaluación periódica de la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación. Esta evaluación continua debe permitir revisar y adecuar los sistemas informáticos, registros y bases de datos de los órganos gestores de personal de todo el sector público para incorporar la perspectiva de género en las memorias, consultas, informes y demás documentación generada en la gestión ordinaria de personal.

Según ha explicado Gabriela Bravo, «nuestra intención es que este plan no se quede en una mera declaración bienintencionada de principios». Según ha anunciado la titular de Justicia, en breve se constituirá una comisión de seguimiento cuya misión será «velar por evitar la discriminación por razón de sexo; controlar, vigilar y poder elevar, en su caso, propuestas de modificación de las circunstancias discriminatorias al órgano pertinente para la corrección de las mismas». Esta comisión podrá ser consultada y emitir propuestas acerca de las cuestiones que pudieran suscitarse con relación a los distintos procedimientos de gestión y aplicación del II Plan de Igualdad.

Para Bravo, «nuestra política integral de igualdad no se agota con este plan. Otras muchas medidas contra la discriminación de la mujer están ya incluidas en el borrador de Ley de Empleo Público de la Comunitat Valenciana, que estamos tramitando».