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Los hombres tienen tres veces más probabilidades de sufrir una covid-19 grave

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atropello niño Ontinyent

Madrid, 9 dic (EFE).- Un análisis mundial con más de tres millones de casos de covid-19 ha constatado que los hombres tienen casi tres veces más probabilidades que las mujeres de ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos de un hospital, y también mayor riesgo de muerte por coronavirus, según un estudio publicado hoy en Nature Communications.

El estudio sostiene que los datos estudiados hasta ahora reflejan que hay «un sesgo de aumento» de la gravedad de la enfermedad por covid-19 en los pacientes masculinos, si bien, advierte de que esta afirmación no ha sido validada en un análisis a gran escala con datos mundiales.

El estudio, liderado por Kate Webb, de la Universidad de Cape Town, en Sudáfrica, y por Claire Deakin, del University College de Londres (UCL), consistió en un metaanálisis de 92 informes médicos realizados entre enero y junio de 2020 y obtenidos de sitios web gubernamentales y de la literatura publicada.

El objetivo de Kate Webb y Claire Deakin era determinar si el sexo era un factor de riesgo para la infección por SARS-CoV-2 y para la mortalidad por coronavirus.

Su análisis incluyó 3.111.714 casos de 46 países y 44 estados de los Estados Unidos.

Los autores constataron que no había diferencias en la proporción de hombres y mujeres infectados por el SARS-CoV-2 en la muestra.

Sin embargo, comprobaron que los pacientes varones tenían mayores probabilidades (2,84 veces más altas) de ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos como resultado de la covid-19.

Además, las probabilidades de muerte por la covid-19 eran 1,39 veces mayores para los pacientes varones que para las mujeres.

Las autoras sugieren que es probable que las diferencias en las respuestas inmunitarias de los distintos sexos sean un factor en los resultados que observaron.

Sin embargo, otros factores biológicos y las comorbilidades basadas en el sexo también podrían influir.

Los autores sostienen que, aunque se necesitan más estudios, esos datos tienen importantes repercusiones en la gestión clínica de coronavirus y las estrategias de mitigación.

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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

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Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.


Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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