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Los ladrones de la abogada del novio de Ayuso llevaban a Marruecos material de otros robos

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ladrones de la abogada del novio de Ayuso

 

Madrid, 23 ene (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a tres personas en el puerto de Algeciras que portaban el ordenador de la abogada de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que tenía “información sensible”.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil, las tres personas están relacionadas con el robo del ordenador denunciado por Guadalupe Sánchez, la letrada de González Amador. Los agentes han recuperado el material informático, entre el que se encuentra una tablet propiedad de uno de sus hijos.

Los arrestados son dos mujeres de 20 y 66 años y un hombre de 42, todos ellos de nacionalidad marroquí, y la investigación está a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante, la provincia en la que la letrada denunció el robo.

Los agentes siguen tratando de determinar si los detenidos son delincuentes habituales o están vinculados a alguna red criminal.

La Guardia Civil investiga además el allanamiento en una vivienda de otro de los abogados del novio de Ayuso. Las denuncias de ambos se suman a una interpuesta por el arquitecto que reformó el ático donde vive la presidenta madrileña por una entrada en su vivienda, y a otra presentada por el propio González Amador por una entrada en su vehículo.

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Víctor de Aldama declara en la Audiencia Nacional: “Ángel Víctor Torres debería estar preocupado”

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Víctor de Aldama
Víctor de Aldama-COPE

El comisionista Víctor de Aldama ha comparecido este jueves ante la Audiencia Nacional en el marco del ‘caso Koldo’, y ha lanzado duras advertencias contra el Gobierno. A su salida, Aldama aseguró que el actual ministro Ángel Víctor Torres debería estar preocupado, insistiendo en que se reunió con él en julio de 2020 en relación con los contratos de mascarillas durante la pandemia.

Declaración ante el juez del ‘caso Koldo’

Víctor de Aldama acudió a la Audiencia Nacional alrededor de las 09:50 horas, citado por el magistrado instructor Ismael Moreno, quien continúa la investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos sanitarios durante la crisis del COVID-19.

Durante su declaración, el empresario reafirmó que mantuvo contactos con altos cargos del Gobierno, incluyendo al mencionado Ángel Víctor Torres, poniendo el foco en posibles irregularidades y comisiones asociadas a la compra de material sanitario.

“Hay personas en el Gobierno que deberían estar preocupadas por lo que sabemos y por lo que se ha documentado”, declaró Aldama a su salida, en referencia directa a Torres.

El contexto del ‘caso Koldo’

El ‘caso Koldo’ investiga la presunta trama de adjudicación irregular de contratos de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, que habría beneficiado a determinadas empresas vinculadas a intermediarios y comisionistas. Víctor de Aldama es uno de los principales imputados y ha sido citado en varias ocasiones por la Audiencia Nacional para declarar sobre sus reuniones y gestiones con miembros del Ejecutivo.

Las acusaciones incluyen cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, y ya se han solicitado medidas cautelares para algunos implicados, mientras el proceso judicial sigue su curso.

Impacto político y mediático

Las declaraciones de Aldama han vuelto a generar tensión política, especialmente por mencionar a Torres, quien actualmente ocupa un cargo ministerial. La advertencia del empresario ha sido interpretada por analistas como un intento de poner presión mediática y política sobre miembros del Gobierno en plena campaña de escrutinio de la gestión sanitaria durante la pandemia.

Próximos pasos judiciales

El magistrado Ismael Moreno continuará con las diligencias del caso, evaluando la información aportada por Aldama y otros testigos y documentaciones presentadas. Se espera que en las próximas semanas se puedan tomar decisiones sobre posibles imputaciones adicionales o medidas cautelares contra los implicados.

A medida que avance la investigación, se prevé que los tribunales examinen con detalle los contratos de mascarillas adjudicados durante 2020, así como las comisiones y reuniones de intermediarios con cargos públicos, incluyendo a Ángel Víctor Torres y otros miembros del Ejecutivo, según las declaraciones de Aldama.

 

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