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Los padres de Julen aseguran que el dueño del pozo les insulta en el cementerio

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Desde que la jueza encargada del caso acusara de homicidio imprudente por la muerte de Julen, el niño que cayó a un pozo en Totalán (Málaga), al dueño y tío de la finca ha resurgido la polémica. Los padres de la víctima arremeten contra el acusado, quién continúa defendiendo su inocencia.

David Serrano, dueño de la finca en la que se situaba el pozo, se defendía públicamente de la sentencia final de la jueza. «Culpable soy yo, culpable son sus padres, por no estar atentos de su hijo», señalaba el acusado en exclusiva para Telecinco. El cruce de reproches continúa, casi seis meses después del fatídico desenlace.

Este domingo, los padres de Julen intervinieron en Viva la vida para defender su postura. Vicky y José aseguraban que eran ellos los que se sentían amedrentados por los insultos y las amenazas del acusado, con quién ya no mantienen ningún tipo de relación. «Yo no voy cómoda al cementerio, porque cada vez que me ve me insulta. Da la casualidad de que siempre que voy a ver a mi hijo está allí», ha explicado la madre del pequeño.

“No hemos llamado nunca asesino a nadie y respetamos lo que diga la jueza. Si ha cometido alguna infracción que lo pague como lo tenga que pagar”, ha comentado José. Al parecer, David Serrano habría recurrido el auto de la jueza considerando que se trata de un «escrito de la acusación».

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Sánchez anuncia la desclasificación de los documentos del 23-F: “Saldamos una deuda histórica”

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El Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, coincidiendo con el 45 aniversario del intento de asalto al Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará mañana en el Consejo de Ministros la desclasificación de los documentos oficiales relacionados con el golpe de Estado del 23-F. La medida llega cuando se cumplen 45 años del intento de ruptura del orden constitucional ocurrido el 23 de febrero de 1981.

Según ha explicado el jefe del Ejecutivo, la decisión permitirá “saldar una deuda histórica” con la ciudadanía, facilitando el acceso a información relevante sobre uno de los episodios más trascendentales de la historia democrática reciente de España.

¿Qué ocurrió el 23-F?

El conocido como 23-F hace referencia al intento de golpe de Estado liderado por el entonces teniente coronel Antonio Tejero, quien irrumpió armado en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Durante varias horas, España vivió una grave crisis institucional que puso en riesgo el proceso democrático iniciado tras la Transición. La intervención televisada del rey Juan Carlos I, defendiendo el orden constitucional, fue clave para frenar la intentona golpista.

El fracaso del golpe consolidó el sistema democrático, pero durante décadas parte de la documentación oficial relacionada con aquellos hechos ha permanecido clasificada.

Transparencia y memoria democrática

Con la desclasificación anunciada, el Gobierno busca reforzar las políticas de transparencia y memoria democrática, facilitando el trabajo de historiadores, investigadores y medios de comunicación.

El Ejecutivo considera que, 45 años después, el acceso público a estos documentos contribuirá a un mejor conocimiento de lo sucedido y ayudará a cerrar interrogantes aún presentes sobre la trama del golpe y sus posibles apoyos.

La aprobación formal de la medida está prevista para el Consejo de Ministros de este martes, tras lo cual se iniciará el procedimiento técnico para hacer accesible la documentación conforme a la legislación vigente en materia de secretos oficiales y protección de datos.

45 años del intento de golpe de Estado

El anuncio se produce en un contexto simbólico, coincidiendo con el 45 aniversario del 23-F, una fecha clave en la historia política de España. La desclasificación de los documentos supone un paso relevante en la revisión histórica de aquel episodio que marcó el rumbo de la democracia española.

Con esta decisión, el Gobierno pretende reforzar el compromiso institucional con la verdad histórica y el derecho de la ciudadanía a conocer en profundidad los hechos que marcaron el devenir del país.

 

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