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Los propietarios podrán reunirse de forma telemática a partir del 9 de mayo

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EFE

Madrid, 5 may (EFE).- Las comunidades de propietarios podrán celebrar sus juntas de forma telemática -por videoconferencia o conferencia telefónica múltiple- a partir del 9 de mayo, siempre que todos los asistentes dispongan de los medios necesarios, publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La decisión del Gobierno, adoptada en el último Consejo de Ministros, ha sido aplaudida hoy por el colectivo de administradores de fincas, que recuerda que la pandemia ha impedido las juntas presenciales cuando en un año normal se habrían celebrado aproximadamente un millón de reuniones en todo el país.

El real decreto-ley de medidas urgentes a aplicar tras la finalización del estado de alarma incluye una serie de acuerdos extraordinarios aplicables a las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal.

Hasta su aprobación, la Ley de Propiedad Horizontal, que data de 1960, sólo reconocía validez a las reuniones presenciales. Frente a ella, la ley catalana, por ejemplo, introduce la posibilidad de reunirse de manera telemática y la validez de la toma de acuerdos con este sistema, explican desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Ahora, la crisis sanitaria del coronavirus y las restricciones impuestas por las autoridades han llevado al Ejecutivo a flexibilizar esta disposición, siempre que todos los propietarios dispongan de los medios necesarios, lo que será comprobado por el administrador con antelación a la junta.

El secretario deberá reconocer la identidad de los asistentes y expresarlo en el acta. En este supuesto, será posible asimismo la adopción de acuerdos sin celebración de junta mediante la emisión de un voto por correo o comunicación telemática.

El real decreto-ley prevé también la suspensión, hasta el próximo 31 de diciembre, de la obligación de convocar y celebrar juntas en las comunidades sujetas a este régimen, así como la de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes o el presupuesto anual.

Durante el mismo periodo -o hasta la junta- se darán por prorrogados los últimos presupuestos y nombramientos de los órganos de gobierno aprobados.

LOS ADMINISTRADORES, SATISFECHOS

Para la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Isabel Bajo, aunque sean medidas excepcionales, el real decreto-ley «facilita que las comunidades puedan adoptar acuerdos importantes que estaban atascados como la rehabilitación del edificio, actividad que con la llegada de los fondos europeos tendrá un impulso para la reactivación de la economía sostenible».

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España (Fenie), celebra que se hayan tenido en cuenta las propuestas que planteó en enero al Ministerio de Justicia sobre las posibles alternativas para que las reuniones de propietarios pudieran aprobar acuerdos necesarios para continuar con obras e instalaciones en los edificios.

En su opinión, de no haberse aprobado tales medidas, se habría generado un «gran retraso acumulado de trabajo».

LAS JUNTAS TELEMÁTICAS, UN RECLAMO CONSTANTE

El pasado marzo, la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso ya aprobó una proposición no de ley para dar validez a estas reuniones, presentada por el PP, que consideraba que la normativa por la cual sólo se permite el voto de manera física se encontraba «obsoleta».

Según los datos manejados por la formación, las comunidades de propietarios gestionan unos recursos anuales del 4 % del PIB (casi 40.000 millones de euros), y el 80 % de la población española reside en edificios bajo régimen de propiedad intelectual.

Ese mismo mes, la Comunidad de Madrid pidió también al Gobierno modificar de manera «urgente» la ley para que se habilitara la posibilidad de celebrar juntas telemáticas, y que el voto de sus componentes fuera válido para dirimir todo tipo de acuerdos pendientes de resolver debido al estado de alarma.

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Estas son las nuevas ayudas por comprar un coche eléctrico

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Nuevas ayudas coches eléctricos

Las nuevas ayudas del Gobierno para comprar coche se aplicarán como descuento directo en el precio: así será el Plan España Auto 2030

El Gobierno ha presentado su nuevo plan estratégico para transformar la automoción de cara a 2030, una hoja de ruta que pretende acelerar de forma definitiva la adopción del coche eléctrico en España. Durante la presentación, el presidente Pedro Sánchez, acompañado por los ministros Jordi Hereu y Sara Aagesen, subrayó la necesidad de avanzar sin dilaciones hacia un modelo más competitivo y sostenible. El Ejecutivo articula el proyecto en tres pilares: coste, infraestructura e innovación.

Las ayudas a la compra se descontarán en el concesionario

Una de las medidas más destacadas del plan es la puesta en marcha de 400 millones de euros en ayudas directas destinadas a la compra de vehículos eléctricos. La gran novedad es que estas ayudas se aplicarán de manera automática en el precio del coche en el momento de la compra, sin que el consumidor tenga que realizar ningún trámite posterior ni esperar meses para recibir la subvención.

Este mecanismo supone un giro respecto al sistema anterior, en el que las comunidades autónomas gestionaban los incentivos y muchos beneficiarios seguían pendientes de cobrar la ayuda tiempo después de haber adquirido su vehículo. Con el nuevo modelo, el Gobierno central asume toda la gestión para evitar retrasos y eliminar burocracia.

El objetivo: coches eléctricos más asequibles para familias y clase media

El presidente insistió en que la transición hacia el vehículo eléctrico sigue siendo una inversión elevada para muchas familias, especialmente en la compra inicial. Por ello, defendió que estas ayudas inmediatas son esenciales para facilitar el acceso al coche eléctrico y para impulsar un mercado más competitivo.

Sánchez adelantó además que el sector está preparando una nueva oleada de modelos por debajo de los 25.000 euros, lo que podría cambiar el panorama de precios en 2026.

Impulso a los puntos de recarga: 300 millones para zonas con déficit

Aunque España cuenta ya con unos 40.000 puntos de recarga instalados, el Gobierno reconoce que la red sigue siendo insuficiente en muchas áreas. Para corregir esta carencia se pondrá en marcha el Plan Moves Corredores, dotado con 300 millones de euros y dirigido específicamente a instalar cargadores en las conocidas “zonas sombra”, es decir, tramos de carretera y áreas del territorio donde hoy no existen puntos de recarga suficientes.

El Ejecutivo ha pedido a comunidades autónomas y ayuntamientos que agilicen los permisos necesarios para acelerar la expansión de la infraestructura.

España como hub del coche eléctrico: estrategia industrial hasta 2030

El nuevo plan no solo busca estimular la demanda, sino definir un proyecto industrial que permita a España competir en la fabricación de coches eléctricos a escala europea. Sánchez señaló que, aunque el país no puede igualar la capacidad de producción de China o Estados Unidos, sí debe aspirar a consolidar un ecosistema propio para el vehículo eléctrico.

Para ello, el Gobierno destinará 580 millones de euros adicionales al PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), con el objetivo de reforzar la cadena de valor y atraer proyectos de innovación relacionados con baterías, software, conectividad y nuevos modelos de producción.

Una estrategia de país para transformar la movilidad

Con este paquete de medidas, el Gobierno pretende reducir las barreras económicas de acceso al coche eléctrico, mejorar la red de recarga y consolidar una industria más innovadora y competitiva. La combinación de descuentos automáticos, infraestructura reforzada y mayores inversiones industriales busca situar a España entre los países europeos mejor preparados para afrontar la movilidad del futuro.

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