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Los retrasos de las obras del soterramiento de la llegada del AVE a Murcia

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El desarrollo de las obras pendientes del soterramiento para la llegada del AVE a la Región de Murcia se encuentra actualmente parado, debido a la disputa que existe entre el Gobierno Regional y Adif por un acuerdo económico. Por su parte, el presidente Fernando López Miras anunciaba ayer que no piensa cambiar la ley regional de Hacienda, como solicita Adif para desbloquear la situación y poder firmar el convenio. López Miras insiste en que es “más fácil cambiar una líneas del convenio que una ley entera”.

No obstante, el presidente confía en que se llegue a un acuerdo “para poder firmar ya”. Además, señala que en estos momentos el Gobierno regional “no puede firmar el convenio porque contraviene la legalidad”.

Sin embargo, PSOE, Podemos y Ciudadanos se han reunido hoy en la Asamblea Regional para llevar a cabo una solicitud para que se tramita una proposición para poner en marcha la reforma de la ley de Hacienda de la Región.

Por otra parte, tras los continuos retrasos que sufrió la apertura de la pasarela del paso a nivel de Santiago el Mayor, se puso en marcha la instalación de cuatro ascensores a cada lado de la pasarela, con capacidad para 8 personas y aptos para personas con movilidad reducida. No obstante, dichos ascensores han sufrido ya tres averías en menos de una semana, una de ellas por actos incívicos, otra debido a que una bicicleta quedó atascada, y la última, en la que dos niños quedaron atrapados.

En definitiva, los continuos imprevistos y este bloqueo económico pueden retrasar el calendario previsto para la llegada del AVE a Murcia a finales del año que viene, como anunció el Ministerio de Fomento. De hecho, en el supuesto caso de que se desbloquee la situación, las obras no se podrían adjudicar hasta finales de abril o principios de mayo debido a los trámites que faltan.

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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