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Los taxistas exigen al gobierno que solicite a UBER la misma licencia que al sector del taxi tradicional

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El TJUE sentenció hoy que las autoridades nacionales pueden exigir licencia de taxi a la compañía estadounidense Uber, al considerar que se trata de una empresa de transporte y no de una plataforma digital para poner en contacto a conductores y viajeros. La reacción de la Confederación de taxistas autónomos de la Comunitat Valenciana ha asegurado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre Uber abre una nueva etapa en la lucha contra la competencia desleal del taxi, y ahora la sociedad y los políticos «deben dar un paso más»

La confederación de taxistas asegura que le da la razón al sector del taxi en cuanto a que Uber es una empresa de transportes y no un servicio de la sociedad de la información, y ha felicitado al sector.Según la Confederación, son plataformas «fraudulentas» que intentan «manipular» a la sociedad, «intentando hacerse pasar por simples plataformas de la información entre personas, cuando en realidad son empresas de transporte pero se saltan todas las leyes que pueden (fiscales, laborales, de transporte) para rentabilizar y monopolizar su actividad».

La sociedad y los políticos que la representan «deben dar un paso más» y no permitir que estas empresas «sigan cambiando dinero y poder por seguridad en el transporte, por precariedad en el transporte y por pérdidas millonarias al Estado», ha indicado en un comunicado. ANTAXI, añaden, seguirá luchando contra todas las plataformas fraudulentas y contra el Gobierno de Rajoy «si no cambia su política contra más de 100.000 familias» que viven del taxi en España, ya que mediante lo que consideran la liberalización encubierta de los vehículos turismo con conductor (VTC), quiere «favorecer» a estas empresas de transporte «paralelo», a costa de las garantías, de la seguridad y de la fiscalidad que «sí cumple» el servicio público de transporte de Taxi. EFE

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La Audiencia de Madrid exculpa a Raquel Sánchez Silva en el caso de la muerte de Mario Biondo

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últimas horas Mario Biondo

La justicia madrileña confirma el archivo de la denuncia presentada por la familia del cámara italiano y cierra definitivamente el caso en España.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la denuncia interpuesta contra la presentadora Raquel Sánchez Silva y un familiar suyo por la muerte del cámara italiano Mario Biondo, ocurrida en mayo de 2013 en Madrid. Con esta decisión, el tribunal ratifica que no procede reabrir la investigación, al considerar que el asunto ya fue juzgado y archivado en España.

El tribunal respalda el archivo del caso

El auto, dictado por las magistradas de la sección 15ª de la Audiencia de Madrid, desestima el recurso presentado por la familia de Biondo contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 23, que en julio de 2023 ya había archivado la denuncia por homicidio. La resolución considera el caso como “cosa juzgada”, lo que implica que no pueden iniciarse nuevas diligencias.

Pese a que la justicia italiana llegó a apreciar indicios de homicidio, las magistradas madrileñas concluyen que no existen motivos suficientes para reabrir el procedimiento. La Audiencia recuerda que las posibles irregularidades en la investigación inicial no justifican una nueva causa más de una década después de los hechos.

Diez años de litigios y dos visiones judiciales

La familia de Mario Biondo lleva más de diez años intentando esclarecer si la muerte del cámara fue un suicidio o un homicidio. Mientras que la investigación española cerró el caso en 2013 al considerar que se trató de un suicidio, la justicia italiana reabrió la causa en Palermo en 2022. Allí, un juez instructor determinó que existían indicios de asesinato, aunque finalmente archivó el procedimiento por la imposibilidad de realizar nuevas pruebas debido al tiempo transcurrido.

Argumentos de la familia Biondo

Los familiares del cámara, representados por Vosseler Abogados, habían presentado en España una nueva denuncia en mayo de 2023. En ella incluyeron informes periciales, documentos forenses e investigaciones privadas que señalaban supuestas deficiencias en la autopsia realizada en España. Según la familia, la causa de la muerte de Biondo fue “sin duda homicida”.

El tribunal madrileño reconoce que de la documentación aportada “parecen desprenderse indicios de que la muerte no fue suicida”, pero insiste en que no puede abrirse una nueva investigación sobre unos hechos ya juzgados.

Próximos pasos legales

Tras conocer la decisión, el despacho que representa a la familia ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional y que presentará además una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración de Justicia por las presuntas irregularidades en la investigación española.

 

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