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Los valencianos invierten una media del 48’4% de sus ingresos mensuales para pagar el alquiler

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Alquiler seguro

MADRID/VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) – El pago de la renta mensual de alquiler se lleva el 48,4% de los ingresos en la Comunitat Valenciana, situándose en el tercer puesto a nivel nacional, según un estudio de pisos.com que señala que tan solo se ve superada por Madrid y Baleares.

El informe indica que los españoles tienen que destinar el 34% de sus ingresos al pago de la vivienda, mientras que hace un año destinaban el 24,8%. Así, en la actualidad hacer frente al gasto de acceso a una vivienda es un 8,14% más del presupuesto que se necesitaba hace un año.

No obstante, mientras que el gasto de acceso a una vivienda se ha encarecido más de un 8% en un año, los ingresos medios de los trabajadores españoles se han incrementado de media un 0,2%, hasta los 23.156 euros anuales.

El director de estudios de pisos.com, Ferran Font, ha señalado que, aunque los ingresos anuales medios de los trabajadores en España han aumentado «ligeramente», la subida «no compensa» el ascenso experimentado tanto por los precios de venta como de alquiler.

En concreto, en el caso del alquiler, la renta media ha pasado de los 675 euros a los 780 euros mensuales, mientras que el precio medio de venta por metro cuadrado ha subido de los 1.526 euros a los 1.572 euros. Así, para acceder a una vivienda en alquiler se tiene que invertir el 40,4% del salario, frente desembolso del 30,3% que había que hacer hace un año.

Además, en el caso de la hipoteca, se requiere un desembolso de los ingresos del 27,5%, mientras que hace un año este importe era del 21,4%, lo que, según pisos.com, deja «menos sueldo disponible a final de mes».

«La capacidad de endeudamiento del comprador o inquilino se ha visto más comprometida», ha subrayado Font, tras recordar que existen varias diferencias entre ambos métodos de acceso y que aunque la cuota hipotecaria suponga un gasto mensual más reducido, exige un ahorro previo «importante».

DIFERENCIAS POR AUTONOMÍAS
Por regiones, el estudio apunta que la facilidad de acceso varía en función de la comunidad autónoma. En concreto, las mayores diferencias se dan en el alquiler, ya que en regiones como Madrid se requiere de hasta el 60% de los ingresos para el pago de la renta mensual.

Por detrás, como las regiones más costosas, también destacan Baleares (57,5%) y la Comunitat Valenciana (48,4%). Por su parte, Castilla-La Mancha (26,7%), Extremadura (27%) y Asturias (29,9%) destacan como las comunidades en las que el esfuerzo de pago del alquiler ronda el 30%.

Al contrario de lo que sucede con el alquiler, la compra no requiere dedicar más del 50% de los ingresos en ninguna comunidad autónoma, aunque sí que se registran diferencias de hasta un 28,3%, dependiendo de la región, según el informe realizado por el portal inmobiliario.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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