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#LoteríaNavidad2017| El 00580, el quinto premio muy repartido en la Comunitat Valenciana

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El quinto premio 00580, se ha vendido en València, Manises (Valencia), Gandia (Valencia), Alaquàs (Valencia),Benidorm (Alicante),Orihuea (Alicante),Dénia (Alicante), Vinaròs (Cadtellón), Cádiz, Madrid, Barcelona, Murcia.En total ha dejado 336.000 euros en premios en nueve poblaciones de la Comunitat Valenciana.

Administraciones de las poblaciones de Benidorm (la número 1), Dènia (la 5), Gandia (la 7), Manises (la 3) y València (la administración número 2) han vendido cada una de ellas una serie, por lo que en conjunto han repartido 300.000 euros

Además, la administración número 2 de Alaquás ha vendido dos décimos por lo que ha repartidos 12.000 euros.

Los otros cuatro décimos se han vendido en administraciones o despachos de Orihuela, Vinaròs, Godelleta y Valencia, con lo que han repartido en total 36.000 euros.

Juan Luis Lerma, lotero de la administración número 2 de València, la «Brujita generosa», ubicada en la avenida del Puerto, ha confirmado a EFE que los diez décimos del 00.580 se han vendido por internet y ha recordado que el año pasado la suerte ya visitó esta administración con una serie del segundo premio.

Idéntica cantidad de décimos ha repartido la «Barreta d’Or», administración número 7 de Gandia (Valencia). efe

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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