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Madrid vacunará con AstraZeneca la próxima semana si no decide nada Sanidad

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 Madrid, 14 may (EFE).- El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha dicho este viernes que es «de máxima urgencia» que el Ministerio de Sanidad se defina sobre la segunda dosis de AstraZeneca y, si no lo hace, la Comunidad de Madrid podría vacunar la semana que viene con este fármaco a 14.059 madrileños que ya recibieron la primera dosis, si aceptan voluntariamente.

La Comisión de Salud Pública tomará la semana que viene «la decisión más adecuada» sobre cómo terminarán de inmunizarse los menores de 60 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca, si con un segundo pinchazo de esta marca o de Pfizer, según señaló la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

En la rueda de prensa sobre la situación epidemiológica y asistencial de la región, Zapatero ha abogado por esperar a la respuesta de la Comisión de Salud Pública el próximo martes y a la decisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el próximo miércoles, aunque ha estimado que lo mejor desde el punto de vista de la seguridad y la eficacia es administrar la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca.

Si la respuesta del Ministerio de Sanidad no llega, la Comunidad de Madrid pondrá a partir de la próxima semana la segunda dosis de AstraZeneca a aquellas personas que recibieron la primera y voluntariamente así lo deseen para que tengan la pauta completa, ha señalado el viceconsejero.

En la Comunidad de Madrid hay más de 140.000 personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca y les corresponde la administración de la segunda dosis antes del 3 de julio.

En concreto, ha dicho que la semana que viene (del 17 al 23 de mayo) vence el plazo para 14.059 ciudadanos y a la otra (del 24 al 30 de mayo) para 76.597.

Además, Zapatero ha insistido al Ministerio de Sanidad en la necesidad de poder seguir inoculando el suero de AstraZeneca, una vacuna segura, sin límite de edad.

«No podemos, ni debemos esperar más. No hay ningún argumento médico, ni técnico que avale la postura del Ministerio de Sanidad. La ficha técnica de esta vacuna así lo corrobora. No estamos pidiendo nada que se salga de lo fijado a nivel científico», ha argumentado.

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El Tribunal Supremo ordena a la familia Franco devolver al Estado el Pazo de Meirás

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El Tribunal Supremo de España ha decidido por unanimidad que la familia Franco debe devolver al Estado el Pazo de Meirás, confirmando la sentencia previamente dictada por la Audiencia Provincial de La Coruña. La decisión pone fin a décadas de disputas legales sobre la propiedad de este emblemático inmueble.

La sentencia y sus fundamentos

La Audiencia Provincial de La Coruña ya había resuelto que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado. Los hermanos Martínez-Bordiú Franco debían devolver la posesión del inmueble, con derecho a ser indemnizados por los gastos necesarios y útiles realizados durante su tiempo de posesión, ya que no se les consideraba poseedores de mala fe.

El Tribunal Supremo ha confirmado todos los puntos de la sentencia, desestimando los recursos presentados por la familia Franco y otros afectados. Según la Sala Primera:

  • Desde 1938, el Pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado, similar al Palacio del Pardo, por lo que sus moradores no podían considerarse dueños legítimos.

  • No ha transcurrido el plazo legal de treinta años para adquirir la propiedad por prescripción.

  • No existió ninguna desafectación tácita que despojara al inmueble de su carácter de bien de dominio público.

  • La familia Franco conservará el derecho a indemnización por gastos realizados de buena fe durante su posesión, conforme al Código Civil.

Un caso histórico que concluye

Con esta decisión, el Pazo de Meirás pasará a titularidad pública, cerrando un capítulo histórico que se extendió durante décadas. Este fallo refleja la importancia de la protección de los bienes de dominio público y consolida la recuperación de un patrimonio histórico para el Estado.

El Tribunal Supremo confirma así plenamente la resolución de la Audiencia Provincial de La Coruña, subrayando la buena fe de los poseedores y el derecho a la compensación económica, pero reafirmando que la propiedad pertenece al Estado.

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