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Maje y su examante continuarán en prisión

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Maje, la viuda negra, este es su análisis psicológico

VALÈNCIA, 20 Dic.-La Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia prorrogar la prisión provisional para María Jesús, conocida en su círculo de amigos como Maje, y su examante, Salvador, acusados del asesinato del marido de ella, ocurrido en agosto de 2017 en un garaje del barrio valenciano de Patraix. A esta solicitud se ha sumado también la acusación particular que representa a la familia de la víctima.

El Juzgado ha celebrado este viernes una vista para que las partes se pronuncien sobre la posible prórroga de prisión de los encarcelados, al cumplirse dos años desde que se encuentran privados de libertad. Ambos, que trabajaban en el mismo hospital de València, fueron detenidos cinco meses después del crimen a cuchilladas de la víctima.

Maje y su examante se encuentran a la espera de que se fije la fecha de juicio, que será ante un jurado popular y probablemente en junio, según ha podido saber Europa Press.

La Fiscalía solicita provisionalmente 22 años de prisión para María Jesús y 18 para Salvador, acusado de ser el autor material del crimen. En el caso de ella, la pena solicitada es mayor al contemplarse la agravante de parentesco. Además de las penas de prisión, solicita indemnizaciones de 250.000 euros, a las que ambos procesados deben hacer frente solidariamente, para los padres y hermano del fallecido.

En el mes de junio de 2017 o en fechas próximas, Maje decidió acabar con la vida de su esposo y, para llevar a cabo su propósito, pidió al acusado, con quien mantenía una relación, que lo matara por ella haciéndole creer que la situación a la que su marido la tenía sometida le resultaba ya «insostenible». Salvador aceptó esta proposición y juntos «planificaron la acción homicida en los días siguientes».

El marido, según el fiscal, llegó al garaje sobre las 7.40 horas del 16 de agosto. Cuando se aproximó a su vehículo, el acusado salió de su escondite, le abordó «rápida y sorpresivamente» esgrimiendo el cuchillo y, estando frente a él, se lo clavó repetidamente en seis ocasiones, con lo que le seccionó órganos vitales como el corazón o el pulmón derecho. Las heridas resultaron mortales de necesidad y causaron el fallecimiento breves instantes después.

Maje hizo creer a su marido que estaba de guardia en el hospital, pero pasó la noche en casa de otro amante con el que mantenía una relación desde el mes de mayo.

FUENTE: EUROPA PRESS

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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