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Más de 100 taxistas fueron denunciados por aplicar tarifa de festivo el 15 de marzo

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Los taxistas valencianos colapsan las calles de Valencia como protesta

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) – La Policía Local denunció a más de 100 taxistas el 15 de marzo por aplicar tarifa propia de festivo cuando, según la Orden 3/2016 de 1 de marzo, no lo era, a pesar de que se informó a los conductores desde «primera hora de la mañana» sobre la tarifa que debían aplicar ese día.

La concejala de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, Anaïs Menguzzato, ha mantenido esta mañana una reunión con representantes del sector del taxi, como la Federación Sindical del Taxi de València y Provincia, la Federación del Taxi USO Comunidad Valenciana y la Asociación de Taxistas de la Comunidad Valenciana, según ha informado la concejalía en un comunicado.

Menguzzato ha calificado la reunión de «satisfactoria» y ha agradecido la «comprensión» por parte de los representantes de los taxistas, ya que ha señalado que la Policía Local de València no organizó «ningún dispositivo específico» para denunciar a taxistas sino que se informó desde «primera hora de la mañana» sobre la tarifa que debían aplicar ese día. De hecho, la mayoría de las denuncias que se pusieron fueron por la tarde.

En este sentido, Policía Local denunció a 18 taxistas desde las 8 de la mañana hasta las 12 por no aplicar la tarifa adecuada; mientras que desde las 12 de la mañana, «hora en la que todos los taxistas de la ciudad debían saber cuál era la tarifa que tenían que aplicar ese día», hasta las 21 horas, Policía Local denunció a otros 88 taxistas.

«Informamos preventivamente para que esa situación no se produjera, en ningún momento hubo un dispositivo de Policía Local para multar. Si había mucha policía en la calle era únicamente porque era 15 de marzo, primer día de las Fallas», ha indicado Menguzzato, que ha señalado que la Policía Local «velará siempre porque se garanticen los derechos de los consumidores».

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Reducción de la jornada laboral: quién puede beneficiarse de ella y quién no

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La jornada laboral de 37,5 horas no será para todos: más de 6,3 millones de españoles quedarán excluidos

Autónomos y empleados públicos no se beneficiarán de la nueva reducción de jornada que llega al Congreso

La reducción de la jornada laboral en España entra en debate este miércoles 30 de abril en el Congreso de los Diputados. El Gobierno busca limitar legalmente la jornada semanal a un máximo de 37,5 horas sin reducción salarial, pero la medida no será universal: más de 6,3 millones de trabajadores quedarán excluidos, lo que ha generado inquietud entre los colectivos afectados.

Entre los principales excluidos de la jornada laboral reducida se encuentran los autónomos y los empleados públicos, dos pilares fundamentales del tejido económico y social del país. Además, la medida tampoco afectará a aquellos trabajadores con convenios colectivos que ya contemplan jornadas por debajo del nuevo límite propuesto.

¿Quiénes no podrán acogerse a la jornada de 37,5 horas?

1. Autónomos: sin jornada legal y sin protección

El colectivo de trabajadores autónomos, que supera los 3 millones de personas en España, no tendrá acceso a la reducción de jornada. Al operar por cuenta propia, su tiempo de trabajo no está regulado por ley. Aunque no se ven afectados directamente, muchos de ellos deberán reorganizar sus horarios y asumir el impacto de los cambios si emplean personal contratado que sí se beneficie de la nueva normativa.

Esto podría traducirse en un aumento de costes laborales o en una reestructuración interna de sus negocios para mantener la operatividad, sobre todo en el caso de pequeñas empresas o profesionales independientes.

2. Empleados públicos: regulados por normativas distintas

En el caso de los funcionarios y empleados públicos, su jornada está determinada por regulaciones propias. Muchos ya trabajan 35 horas semanales o menos, por lo que no se verán afectados por la reforma.

Sin embargo, esta exclusión ha provocado quejas dentro del sector público, donde algunos sindicatos pedían una homologación generalizada que equiparara las condiciones laborales de todos los trabajadores del país.

¿A quién beneficia la nueva reducción de jornada?

La nueva medida se aplicará a trabajadores por cuenta ajena del sector privado cuya jornada actual supere las 37,5 horas semanales. El objetivo es impulsar la conciliación familiar, mejorar la salud laboral y aumentar la productividad, en línea con modelos implantados en otros países europeos.

El impacto será más notable en sectores como el comercio, la hostelería, la industria o los servicios, donde aún predominan jornadas largas. La aplicación será progresiva y dependerá de negociaciones colectivas con patronales y sindicatos.

Una reforma laboral con grandes ausencias

Pese al avance que supone para muchos trabajadores, la nueva jornada laboral en España deja fuera a una parte importante del mercado laboral. Más de 6,3 millones de personas —entre autónomos y empleados públicos— no se beneficiarán directamente, lo que pone en evidencia la desigualdad estructural en el acceso a los derechos laborales en el país.

Esta exclusión plantea desafíos importantes: cómo adaptar la legislación para ser más inclusiva y cómo compensar a quienes, por la naturaleza de su trabajo, no pueden acceder a reformas que buscan mejorar la calidad de vida del trabajador medio.

 

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