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Más de 2.300 personas integran el operativo de llegada del Aquarius, que se extenderá durante la mañana del domingo

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Jorge Suárez, de la GVA, explica el dispositivo del Aquarius
GVA
VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) –

Un total de 2.320 personas integran el dispositivo de acogida de los 629 migrantes que llegarán a bordo del Aquarius y dos embarcaciones italianas al muelle uno del Puerto de València, la primera embarcación entre las 6.00 y las 8.00 horas de este domingo.

El subdirector general de Emergencia de la Generalitat, Jorge Suárez, ha explicado que la llegada está prevista de forma escalonada para mejorar la calidad de la atención. Así, la primera embarcación que llegará será el Dattilo, tres horas más tarde el Aquarius y sobre las 12:00 horas el Orione. Un total de 598 periodistas de 138 medios de comunicación y 15 freelance se han acreditado para cubrir su llegada.

La Generalitat ha activado el Plan Territorial de Emergencias para articular la coordinación de este dispositivo entre las tres Administraciones que intervienen, Estatal, autonómica y local, lo que da además cobertura legal para reclamar cualquier recurso adicional que se pueda necesitar.

En el interior de los barcos, según los datos de los que disponen, viajan cien menores: siete menores de cinco años, cuatro entre 5 y 13 años, 28 entre 13 y 15 años y 61 entre 15 y 17. Además, hay 80 mujeres y 450 hombres y ninguno de ellos reviste de gravedad.

Suárez ha explicado que la prioridad es la atención sanitaria. Así, médicos de la Conselleria de sanidad y sanidad exterior realizarán un primer triaje sanitario lo más rápido posible en el interior del barco porque psicológicamente es «muy importante» que puedan bajar a tierra cuanto antes.

Los migrantes irán desembarcando en grupos de 20 personas y aquellos que se sospeche que precisan de atención médicos irán pasando por los diez puestos habilitados en el Puerto para recibir una primera asistencia y que se determine si precisan de una derivación hospitalaria.

No obstante, ha explicado que, por las informaciones de las ONGs que les atienden durante la travesía, no se espera a nadie con una enfermedad grave y que la atención prioritaria está prevista a las embarazadas y a los menores.

Por ello, no se ha establecido ningún hospital de referencia sino que se irán derivando a los centros hospitalarios de la red pública valenciana en función de los criterios médicos acompañados por policías.

Aquellas personas que precisen de una atención hospitalaria saldrán ya con un número SIP provisional asignado, la tarjeta que garantizar la atención sanitaria. Al resto se le proporcionará en sus centros de acogida.

Los que no precisen de atención sanitaria pasarán a las carpas de espera en las que recibirán un apoyo psicológico por parte de efectivos de Cruz Roja, y donde se prevé que aguarden hasta un máximo de 90 minutos, hasta que pasen por un proceso de filiación por parte de la Policía Nacional.

Posteriormente serán llevados a sus centros de acogida en función de las características de los migrantes para respetar la agrupación familiar y la unidad de los menores. Suárez ha aclarado que no facilitarán los puntos de acogida por razones de seguridad y respeto a la intimidad.

DISPOSITIVO
Suárez ha explicado que en la mañana de este sábado se ha realizado el último simulacro y que «todo está preparado» en el muelle 1 para recibirlo y ha resaltado la experiencia de la Generalitat en la atención de emergencias como grandes incendios e inundaciones. El Puerto se ha clasificado por zonas y se limitará el acceso a las «más calientes» al personal estrictamente necesario.

En total, el dispositivo de acogida está integrado por 2.320 personas aunque en cada departamento hay movilizado más personal por si fuera necesario. Ere ellos 70 efectivos de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias, con un vehículo del Puesto de Mando Avanzado que gestionarán el apoyo logístico y los recursos de materiales como carpas, mesas y sillas.

Asimismo, habrá 150 profesionales de la conselleria de sanidad y 15 de sanidad Exterior «perfectamente coordinados» y 120 Policías de la Generalitat, 356 funcionarios de la Policía Nacional, y cerca de un centenar de efectivos de la Guardia Civil.

A los inmigrantes les atenderán 70 traductores jurados para ayudarles en los trámites de filiación y 400 intérpretes para realizar unas tareas de acompañamiento y que ninguno de ellos, sobre todo los colectivos más vulnerables, se quede solo.

A este dispositivo se suman 35 efectivos de la conselleria de Políticas Ilusivas, cinco de Transparencia y mil efectivos de Cruz Roja. Infraestructuras pondrá 13 autobuses y un microbus para el traslado y el Ayuntamiento de València aportará, además de Policía Local para ayudar en el control de accesos, cinco autobuses urbanos. La autoridad Portuaria de València colabora con zonas de aparcamiento y Marina Valencia con avituallamiento para el personal del dispositivo.

Suárez ha explicado que las actuaciones previstas en este dispostivo están definidas por el Plan Territorial de Emergencias, que se activó el martes 12 de junio y que estará activo el tiempo que sea necesario.

Este plan es «fundamental» para trabajar distintas agencias con un único mando. Así, se ha constituido un CECOPI (Centro de Coordinación Operativo Integrado) y se ha establecido un Puesto de Mando Avanzado, lo que asegura que «no haya interferencias».

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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