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Más de 2.300 personas integran el operativo de llegada del Aquarius, que se extenderá durante la mañana del domingo

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Jorge Suárez, de la GVA, explica el dispositivo del Aquarius
GVA
VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) –

Un total de 2.320 personas integran el dispositivo de acogida de los 629 migrantes que llegarán a bordo del Aquarius y dos embarcaciones italianas al muelle uno del Puerto de València, la primera embarcación entre las 6.00 y las 8.00 horas de este domingo.

El subdirector general de Emergencia de la Generalitat, Jorge Suárez, ha explicado que la llegada está prevista de forma escalonada para mejorar la calidad de la atención. Así, la primera embarcación que llegará será el Dattilo, tres horas más tarde el Aquarius y sobre las 12:00 horas el Orione. Un total de 598 periodistas de 138 medios de comunicación y 15 freelance se han acreditado para cubrir su llegada.

La Generalitat ha activado el Plan Territorial de Emergencias para articular la coordinación de este dispositivo entre las tres Administraciones que intervienen, Estatal, autonómica y local, lo que da además cobertura legal para reclamar cualquier recurso adicional que se pueda necesitar.

En el interior de los barcos, según los datos de los que disponen, viajan cien menores: siete menores de cinco años, cuatro entre 5 y 13 años, 28 entre 13 y 15 años y 61 entre 15 y 17. Además, hay 80 mujeres y 450 hombres y ninguno de ellos reviste de gravedad.

Suárez ha explicado que la prioridad es la atención sanitaria. Así, médicos de la Conselleria de sanidad y sanidad exterior realizarán un primer triaje sanitario lo más rápido posible en el interior del barco porque psicológicamente es «muy importante» que puedan bajar a tierra cuanto antes.

Los migrantes irán desembarcando en grupos de 20 personas y aquellos que se sospeche que precisan de atención médicos irán pasando por los diez puestos habilitados en el Puerto para recibir una primera asistencia y que se determine si precisan de una derivación hospitalaria.

No obstante, ha explicado que, por las informaciones de las ONGs que les atienden durante la travesía, no se espera a nadie con una enfermedad grave y que la atención prioritaria está prevista a las embarazadas y a los menores.

Por ello, no se ha establecido ningún hospital de referencia sino que se irán derivando a los centros hospitalarios de la red pública valenciana en función de los criterios médicos acompañados por policías.

Aquellas personas que precisen de una atención hospitalaria saldrán ya con un número SIP provisional asignado, la tarjeta que garantizar la atención sanitaria. Al resto se le proporcionará en sus centros de acogida.

Los que no precisen de atención sanitaria pasarán a las carpas de espera en las que recibirán un apoyo psicológico por parte de efectivos de Cruz Roja, y donde se prevé que aguarden hasta un máximo de 90 minutos, hasta que pasen por un proceso de filiación por parte de la Policía Nacional.

Posteriormente serán llevados a sus centros de acogida en función de las características de los migrantes para respetar la agrupación familiar y la unidad de los menores. Suárez ha aclarado que no facilitarán los puntos de acogida por razones de seguridad y respeto a la intimidad.

DISPOSITIVO
Suárez ha explicado que en la mañana de este sábado se ha realizado el último simulacro y que «todo está preparado» en el muelle 1 para recibirlo y ha resaltado la experiencia de la Generalitat en la atención de emergencias como grandes incendios e inundaciones. El Puerto se ha clasificado por zonas y se limitará el acceso a las «más calientes» al personal estrictamente necesario.

En total, el dispositivo de acogida está integrado por 2.320 personas aunque en cada departamento hay movilizado más personal por si fuera necesario. Ere ellos 70 efectivos de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias, con un vehículo del Puesto de Mando Avanzado que gestionarán el apoyo logístico y los recursos de materiales como carpas, mesas y sillas.

Asimismo, habrá 150 profesionales de la conselleria de sanidad y 15 de sanidad Exterior «perfectamente coordinados» y 120 Policías de la Generalitat, 356 funcionarios de la Policía Nacional, y cerca de un centenar de efectivos de la Guardia Civil.

A los inmigrantes les atenderán 70 traductores jurados para ayudarles en los trámites de filiación y 400 intérpretes para realizar unas tareas de acompañamiento y que ninguno de ellos, sobre todo los colectivos más vulnerables, se quede solo.

A este dispositivo se suman 35 efectivos de la conselleria de Políticas Ilusivas, cinco de Transparencia y mil efectivos de Cruz Roja. Infraestructuras pondrá 13 autobuses y un microbus para el traslado y el Ayuntamiento de València aportará, además de Policía Local para ayudar en el control de accesos, cinco autobuses urbanos. La autoridad Portuaria de València colabora con zonas de aparcamiento y Marina Valencia con avituallamiento para el personal del dispositivo.

Suárez ha explicado que las actuaciones previstas en este dispostivo están definidas por el Plan Territorial de Emergencias, que se activó el martes 12 de junio y que estará activo el tiempo que sea necesario.

Este plan es «fundamental» para trabajar distintas agencias con un único mando. Así, se ha constituido un CECOPI (Centro de Coordinación Operativo Integrado) y se ha establecido un Puesto de Mando Avanzado, lo que asegura que «no haya interferencias».

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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