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Más de la mitad de las empresas en ERTE tendrán que cerrar

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EFE/ J.L.Cereijido/Archivo

Madrid, 31 ene (EFE).- Una vez que concluya la moratoria de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTEs), el 31 de mayo, más de la mitad de las empresas que han solicitado este procedimiento tendrán que cerrar o se verán abocadas a realizar severos ajustes de personal mediante despidos individuales.

Los datos recopilados por el despacho de abogados Castaño Asociados reflejan el «negro panorama económico que se cierne sobre el tejido empresarial español debido a la crisis económica aparejada a la pandemia de la covid-19, explica el socio del bufete Manuel Castaño.

El 25 % de las empresas españolas en situación de ERTE no podrán continuar con su actividad más allá del próximo 31 de mayo, y la mitad se verán en la tesitura de llevar a cabo severos ajustes de su plantilla, ya sea a través de despidos individuales o mediante un ERE.

El bufete ha detectado que en los últimos meses muchas empresas se han visto obligadas a recurrir a un ERE para reducir gastos mediante la reducción de personal, engrosándose así la cola del paro.

Los sectores que en mayor medida han acudido a estas medidas han sido el financiero, telecomunicaciones, el turístico y la hostelería, como reflejan los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) correspondientes a diciembre.

Ese mes, la cifra de parados creció en 36.825 personas, hasta sumar 3.888.137 personas inscritas en situación de desempleo, al borde de los 4 millones de parados.

Desde Castaño Asociados añaden que todos los indicadores económicos apuntan a que durante 2021 se seguirá destruyendo empleo mediante la activación de ERE, y las previsiones apuntan a que la tasa de desempleo puede superar con creces el 17 %.

La prórroga de los ERTE supone «un balón de oxígeno para aquellas empresas que se encuentran al borde de su cierre debido a la crisis económica derivada de la pandemia», asegura Manuel Castaño, que admite que dicha prórroga «retrasa la solución del problema y no pone fin al mismo».

Con los datos de los que disponen, Castaño Asociados ha detectado un crecimiento «muy pronunciado» de las reclamaciones legales de trabajadores que no perciben sus nóminas, un porcentaje que se ha mantenido constante durante el mes de enero «sin que haya indicadores que hagan prever una reducción del mismo».

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, se han producido más de 300.000 despidos, y cerca de 700.000 trabajadores están actualmente en situación de ERTE, por lo que hay una «altísima probabilidad» de que, a partir del 31 de mayo, se alcance la terrible cifra de 400.000 despidos efectivos desde marzo de 2020.

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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