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Valencia

Mazón pide a Puig test de antígenos y PCR gratuitos ante la «grave situación» de la Comunitat

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València, 27 dic (EFE).- El presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha ofrecido este lunes varios acuerdos al president de la Generalitat, Ximo Puig, ante «la grave situación sanitaria, social y económica» que atraviesa la Comunitat Valenciana como consecuencia de la pandemia.

En un encuentro en el Palau de la Generalitat, Mazón ha abordado cuestiones como el refuerzo en atención primaria, el desbloqueo de los programas sociales, la financiación autonómica, la red ferroviaria de Cercanías, el empleo joven y los problemas y oportunidades que tienen las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, ha informado el PP tras la reunión.

Mazón ha lamentado que este primer encuentro oficial se haya producido casi seis meses después de su elección como líder del PPCV y más de dos meses después de solicitarlo, ya que cree que este tipo de citas «deberían enmarcarse dentro de la normalidad y de una sociedad democrática» y haberse producido antes porque había «muchos temas pendientes».

«Los ciudadanos están cansados de crispación; atravesamos una situación económica y social muy preocupante con la covid y debemos hacer un esfuerzo. La Comunitat Valenciana debe estar por encima de cualquier otro interés», ha señalado el dirigente popular.

Mazón ha manifestado que ante lo preocupante de la situación sanitaria que se está viviendo «es imprescindible un plan exprés de refuerzo de la atención primaria, la puesta en marcha, de manera urgente, de puntos de atención para la realización de test de antígenos y PCR gratuitos, e información permanente a ayuntamientos y diputaciones».

En materia social, el también presidente de la Diputación de Alicante ha pedido desbloquear la gestión en materia de dependencia, Ingreso Mínimo Vital, Renta Valenciana de Inclusión, vivienda social y pobreza energética, en la que, según ha lamentado, «este Consell no ha presupuestado ni un euro para el próximo año y ha rechazado el plan de choque con 50 millones propuesto por el PP».

Mazón ha planteado algunas iniciativas que «requieren de la unión de fuerzas para levantar la voz ante el Gobierno de España», como la financiación autonómica, las inversiones del Estado, la recuperación e impulso de los trenes de Cercanías o el agua.

En este sentido, ha propuesto a Puig que «implante un sistema por el cual los fondos europeos den prioridad a aquellos proyectos que vayan encaminados a generar empleo a menores de 35 años, para bajar las altas tasas de paro en la gente joven».

Mazón ha indicado que otros de los puntos planteados «dependen directamente de la voluntad» del president, como es el caso de la tasa turística. «En manos de Puig está pararla», ha indicado, y en el caso de que no pueda hacerlo, le ha propuesto «una alianza para este tema en todos los municipios de la Comunitat donde se quiera implantar».

También ha reiterado su propuesta para «bajar los impuestos» a los valencianos, y ha exigido a Puig que «desbloquee las investigaciones» y llegue «hasta las últimas consecuencias en los casos de abusos a menores en los centros de titularidad pública».

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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