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Repatrian el cadáver del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, desde Argentina

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El embajador de España en Argentina, Javier Santodomingo, ha anunciado en una entrevista TVE, que la legación está trabajando para repatriar los restos mortales del fiscal, José Manuel Maza, este lunes. La intención es que sea trasladado en un vuelo regular de Air Europa que llegaría al aeropuerto Madrid-Barajas en la madrugada del martes.

El Fiscal General de Estado, José Manuel Maza Martín (Madrid, 23 de octubre de 1951), falleció el pasado sábado en una clínica de Buenos Aires (Argentina), como consecuencia de una insuficiencia renal aguda.

El Fiscal General del Estado se encontraba en la capital argentina participando en la reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que se ha celebrado esta semana.

José Manuel Maza fue nombrado Fiscal General del Estado el 25 de noviembre de 2016, y tomó posesión del cargo el 29 de noviembre en el Tribunal Supremo.

El Fiscal General era licenciado en Derecho y en Historia, así como Diplomado en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en la Carrera Judicial en 1975 y en la Fiscal en 1978, siendo el primero de su promoción. El pasado mes de julio obtuvo el doctorado en Derecho, con una tesis doctoral sobre la responsabilidad penal de los partidos políticos.

Fue presidente de la Sección Primera en la Audiencia Provincial de Madrid y en 2002 fue nombrado Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Durante su mandato como Fiscal General del Estado supo granjearse el respeto y la admiración de quienes trabajaron junto a él.

Desempeñó sus funciones con total entrega y dedicación, al servicio del Estado de Derecho y en defensa de la legalidad y del interés social.

Se licenció en Derecho y en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. También obtuvo un diploma en Criminología por la misma institución. Ingresó en la Carrera Judicial en 1975 y en la Fiscal en 1978, donde fue el primero de su promoción. Ejerció unos años como abogado y como letrado de la Red Nacional de Ferrocarriles.  Estaba divorciado y tenía un hijo.

Descanse en paz José Manuel Maza. Un extraordinario jurista y servidor público. La justicia y el derecho pierden a uno de sus más destacados profesionales. RC

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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