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Repatrian el cadáver del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, desde Argentina

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El embajador de España en Argentina, Javier Santodomingo, ha anunciado en una entrevista TVE, que la legación está trabajando para repatriar los restos mortales del fiscal, José Manuel Maza, este lunes. La intención es que sea trasladado en un vuelo regular de Air Europa que llegaría al aeropuerto Madrid-Barajas en la madrugada del martes.

El Fiscal General de Estado, José Manuel Maza Martín (Madrid, 23 de octubre de 1951), falleció el pasado sábado en una clínica de Buenos Aires (Argentina), como consecuencia de una insuficiencia renal aguda.

El Fiscal General del Estado se encontraba en la capital argentina participando en la reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que se ha celebrado esta semana.

José Manuel Maza fue nombrado Fiscal General del Estado el 25 de noviembre de 2016, y tomó posesión del cargo el 29 de noviembre en el Tribunal Supremo.

El Fiscal General era licenciado en Derecho y en Historia, así como Diplomado en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en la Carrera Judicial en 1975 y en la Fiscal en 1978, siendo el primero de su promoción. El pasado mes de julio obtuvo el doctorado en Derecho, con una tesis doctoral sobre la responsabilidad penal de los partidos políticos.

Fue presidente de la Sección Primera en la Audiencia Provincial de Madrid y en 2002 fue nombrado Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Durante su mandato como Fiscal General del Estado supo granjearse el respeto y la admiración de quienes trabajaron junto a él.

Desempeñó sus funciones con total entrega y dedicación, al servicio del Estado de Derecho y en defensa de la legalidad y del interés social.

Se licenció en Derecho y en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. También obtuvo un diploma en Criminología por la misma institución. Ingresó en la Carrera Judicial en 1975 y en la Fiscal en 1978, donde fue el primero de su promoción. Ejerció unos años como abogado y como letrado de la Red Nacional de Ferrocarriles.  Estaba divorciado y tenía un hijo.

Descanse en paz José Manuel Maza. Un extraordinario jurista y servidor público. La justicia y el derecho pierden a uno de sus más destacados profesionales. RC

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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