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Muere Juan Cotino por coronavirus

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El expresidente de Les Corts Valencianes, exconseller en la etapa del PP y exdirector general de la Policía, Juan Cotino, ha fallecido tras estar casi un mes ingresado en el Hospital de Manises, donde dio positivo a la prueba de Covid-19.

Según han indicado a Europa Press fuentes del entorno, el político valenciano se encontraba en la UCI y aunque los últimos partes médicos eran bastante buenos, tras casi un mes intubado el coronavirus le ha afectado a varios órganos y ha fallecido. La familia, han explicado, está «destrozada» y de momento no piensa hacer ninguna declaración pública.

Cotino ingresó el 17 de marzo en el Hospital de Manises tras encontrarse indispuesto y un primer test del coronavirus arrojó un resultado negativo. No obstante, se le efectuó una segunda prueba que dio positiva en Covid-19. Ante su delicado estado de salud, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde ha falecido.

Se da la circunstancia de que Cotino estuvo del 9 al 12 de marzo en Madrid para acudir al juicio en el que se le juzgaba por presuntas irregularidades en la contratación de pantallas para la visita del papa Benedicto XVI a València en 2006, dentro del conocido como caso Gürtel.

Declaró el 12 de marzo –que sería la última sesión al aplazarse horas después el juicio por la pandemia– y tras concluir la comparecencia el presidente del tribunal le recordó que quedaba exento de asistir a las siguientes sesiones hasta el último día, momento en que podría utilizar el turno de última palabra. «Pues si el coronavirus os deja, aquí estaremos», se despidió Cotino.

Cotino (Xirivella, 26-01-1950), fue en su juventud presidente de la Cámara Agraria de Xirivella y también uno de los creadores de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA). Asimismo, fue uno de los fundadores de la UCD en la Comunitat Valenciana y concejal en su localidad natal por esta fuerza política.

En 1991 fue elegido concejal en el Ayuntamiento de València, en la candidatura liderada por Rita Barberá. Asumió el cargo de Teniente de Alcalde y concejal de Tráfico, Policía Local, Acción Social y Solidaridad. Fue reelegido en las elecciones de 1995, pero en 1996 fue nombrado director general de la Policía con Jaime Mayor Oreja (PP) como ministro del Interior.

Ocupó ese cargo hasta 2002, momento en el que fue nombrado delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Con la victoria socialista de 2004, fue relevado y pasó entonces a la política autonómica, donde desempeñó la dirección de varias consellerias. Así, en 2004 asumió Agricultura, Pesca y Alimentación; en 2007 pasó a Bienestar Social y asumió la vicepresidencia tercera; y en 2009 fue nombrado conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, además de mantenerse como vicepresidente tercero.

Posteriormente, en junio de 2011 Cotino tomó posesión como presidente de Les Corts Valencianes jurando sobre la Biblia, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y ante un crucifijo, y renunció en octubre de 2014 «para volver a trabajar en el campo» tras 40 años en el mundo de la política. De hecho, el propio parlamento valenciano ha confirmado la noticia de su muerte y ha mostrado sus condolencias a familiares y amigos.

En 2016 la segunda comisión de investigación de Les Corts del accidente de metro del 3 de junio de 2016 en Valencia, en el que perdieron la vida 43 personas y otras 47 resultaron heridas, concluyó que el siniestro era «previsible y evitable» y señaló a 13 responsables políticos, entre los que figuraba Juan Cotino.

Se le acusó de haber visitado en aquellos momentos a familiares de víctimas del accidente ofreciendo empleo y ayudas y preguntando si iban a personarse en el proceso judicial puesto en marcha. En su comparecencia en la comisión pidió «perdón» a las familias de las víctimas «por no haberlas atendido mejor», pero ha subrayado que intentó «ayudar en la medida de lo posible» durante las aproximadamente 35 visitas que realizó a título «personal». «No ofrecí nada a nadie para pedirles nada a cambio», aseguró.

CAUSAS JUDICIALES PENDIENTES
En el plano judicial, Cotino tenía pendientes tres causas judiciales: la primera la que ya se estaba juzgando en la Audiencia Nacional relacionada con presuntas irregularidades en la contratación de pantallas para la visita del papa Benedicto XVI a València en 2006. Se enfrentaba a 11 años de prisión que le reclamaba la Fiscalía.

En su declaración se desvinculó de la organización de la visita del Papa y aseguró que él solo se encargó de coordinar a los grupos de voluntarios en materia de seguridad. Negó, así, haber participado o haber estado presente en las reuniones en las que se negoció el pago de más de 7 millones de euros a la trama Gürtel por la instalación de pantallas gigantes y sistema de megafonía.

Por su parte, también estaba imputado en el procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia para investigar presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para la visita del Papa Benedicto XVI.

Asimismo, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València que investiga el caso Erial había citado a declarar a finales de marzo y principios de abril a Juan Cotino, entre otros, como investigado, en este caso en el que se investigan presuntos sobornos a cambio de adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico Valenciano.

Cotino ha defendido siempre ante la justicia su inocencia y recalcó hace casi cuatro años que nunca había metido la mano en ningún cajón aunque podía haber metido la pata «muchas veces» durante su gestión política.

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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