El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, ha imputado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de fondos públicos.
Según el auto judicial, Gómez deberá declarar como investigada el 11 de septiembre de 2025, mientras que Álvarez lo hará un día antes, el 10 de septiembre. La decisión se apoya en un auto previo de la Audiencia Provincial de Madrid, que avaló en junio la investigación abierta por un posible uso indebido de recursos públicos en beneficio privado.
Malversación y tráfico de influencias: los cargos contra Begoña Gómez
Begoña Gómez ya estaba siendo investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca en relación con su papel como codirectora de varios másteres y una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Ahora, la investigación judicial se centra en si su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, habría dedicado parte de su jornada laboral a tareas personales y académicas para Gómez, como el envío de correos electrónicos a empresas colaboradoras de la universidad y gestiones con patrocinadores.
La Audiencia de Madrid considera que podría haber existido una “desviación de medios públicos puestos al servicio de intereses privados”, lo que reforzó la línea de investigación de Peinado.
Las diligencias y pruebas clave
Entre las pruebas incorporadas figuran correos electrónicos enviados por Álvarez a patrocinadores como Reale Seguros o comunicaciones con directivos de Google relacionadas con la cátedra dirigida por Gómez.
Además, el juez ha solicitado la relación de llamadas de la exasesora para determinar si se excedió en las funciones para las que fue contratada por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, entonces bajo la dirección de Félix Bolaños.
Contexto político y judicial
La imputación de la esposa del presidente llega en un contexto de máxima tensión política y mediática. Aunque el Tribunal Supremo rechazó investigar a Bolaños por esta misma causa, al no apreciar indicios suficientes, la Audiencia ha mantenido abierta la vía por malversación contra Gómez y Álvarez.
De confirmarse los indicios, el caso podría convertirse en uno de los procesos judiciales más relevantes que afecten a la Moncloa en los últimos años, con repercusión directa en el Gobierno de Pedro Sánchez.
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