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Mueren siete trabajadores de la ONG del chef español José Andrés en un bombardeo israelí contra Gaza

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Mueren trabajadores ONG chef español José Andrés bombardeo
Twitter/@chefjoseandres

Siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen del chef español José Andrés han muerto este lunes por la noche en un bombardeo del Ejército de Israel contra su vehículo en la gobernación de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva israelí contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Entre los fallecidos hay un ciudadano británico, un polaco, uno irlandés y otro australiano, además del conductor palestino, sin que hasta el momento se hayan dado más detalles al respecto, según recoge el diario palestino ‘Filastín’.

La ONG ha reconocido las muertes de los trabajando, asegurando que se trata de una «tragedia» y lamentando que los trabajadores humanitarios «nunca deberían ser un objetivo».

«Nos han llegado noticias de que miembros del equipo de World Central Kitchen han muerto en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel mientras trabajaban para apoyar nuestros esfuerzos humanitarios de entrega de alimentos en Gaza. Es una tragedia. Los trabajadores de ayuda humanitaria y los civiles nunca deberían ser un objetivo. Nunca», ha publicado la ONG en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Mueren 7 trabajadores de la ONG del chef español José Andrés

También ha confirmado la muerte de varios trabajadores humanitarios el propio chef José Andrés, que se ha mostrado en un mensaje en la red social X «desconsolado» y «afligido» por los familiares y amigos de los fallecidos. Además, ha pedido al Gobierno de Israel que ponga fin «a esta matanza indiscriminada».

«Estas son personas (ángeles) con las que serví en Ucrania, Gaza, Turquía, Marruecos, Bahamas, Indonesia. No son personas sin rostro, no son personas sin nombre», ha añadido, recalcando a las autoridades isralíes la necesidad de «dejar de restringir la ayuda humanitaria» hacia el enclave.

«No más pérdidas de vidas inocentes. La paz comienza con nuestra humanidad compartida. Tiene que empezar ahora», ha zanjado el chef, pidiendo que se dejen usar «los alimentos como armas» y que se pare de «matar a civiles y cooperantes».

El Ejército de Israel ya ha anunciado la apertura de una «investigación en profundidad» de los hechos y ha recalcado su «cooperación y coordinación» con la ONG «con el fin de apoyar sus esfuerzos para proporcionar alimentos y ayuda humanitaria a los residentes de la Franja de Gaza».

Los trabajadores de World Central Kitchen se encontraban en el enclave palestino en el contexto de la misión humanitaria iniciada junto a la ONG Open Arms para establecer un corredor humanitario marítimo entre Chipre y la Franja ante las enormes dificultades a las que se enfrentan las operaciones para la entrada de ayuda por tierra.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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