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Obtener vídeos sexuales de una menor bajo intimidación es agresión sexual

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EFE/Archivo

Madrid, 31 may (EFE).- El Tribunal Supremo ha tipificado como agresión sexual la obtención de vídeos sexuales a menores que se obtengan bajo intimidación en las redes sociales.

La Sala de lo Penal del alto tribunal ha dictado una sentencia en la que eleva la condena de 2 años y 9 meses a 5 años y 4 meses a un hombre que intimidó a una menor a través de las redes sociales exigiéndole que le enviase fotografías y vídeos de ella con contenido sexual, y amenazándola, si no lo hacía, con publicar los archivos que ya le había enviado en Tuenti.

La Audiencia Provincial de Valencia le condenó por delito de corrupción de menores y le absolvió del delito de agresión sexual, pero la Fiscalía presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la absolución del delito de agresión sexual y ahora el alto tribunal ha estimado el recurso del Ministerio Público.

Dice el Supremo que la distancia física no desnaturaliza los requisitos de la agresión sexual puesto que mediante intimidación se atenta contra la libertad sexual de la víctima en un escenario, el de las redes sociales, con mayor impacto nocivo y duradero.

El condenado se inscribió en Tuenti con una identidad falsa de mujer y contactó con una menor de 12 años, a quien no conocía, a la que le obligó a hacerse fotos y grabarse vídeos de contenido sexual y enviárselos, bajo la amenaza de denunciar a su familia y de difundir las grabaciones que tenía de ella, obtenidas previamente por engaño, a sus contactos en esa red social.

Para la Sala, la obtención de imágenes de contenido pornográfico de una menor tocándose su propio cuerpo, grabadas por ella misma, a consecuencia de la intimidación «on line» ejercida por el autor constituye un delito de agresión sexual y no exige que el agresor realice los actos directa y físicamente sobre la víctima.

La sentencia, ponencia del magistrado Javier Hernández, explica que la dimensión social de las redes, al facilitar el intercambio de imágenes y vídeos de los actos de cosificación sexual, puede convertirse en un potentísimo instrumento de intimidación.

E indica que no debe perderse de vista que las redes han aumentado la accesibilidad a los niños y niñas por parte de personas que buscan, como único objetivo, su abuso y explotación sexual.

Añade que para muchas personas, y especialmente para los niños y niñas, sobre todo a partir de la preadolescencia, las comunidades virtuales se han convertido en un espacio de interacción social decisivo, abierto a un número indeterminado de personas.

Por tanto, la inmersión en entornos virtuales se convierte en una norma de socialización, con el riesgo de que esa realidad virtual acaba desplazando a la propia realidad.

«Este nuevo ciberespacio de interacción social fragiliza los marcos de protección de la intimidad, convirtiendo en más vulnerables a las personas cuando, por accesos indebidos a sus datos personales, pierden de manera casi siempre irreversible, y frente a centenares o miles de personas, el control sobre su vida privada», subraya la Sala.

El tribunal afirma que el riesgo para cualquier persona, pero muy en especial para una mujer menor, de que la imagen de su cuerpo desnudo, pueda ser distribuida por una red social de la que participan muchas personas de su entorno social y afectivo adquiere una relevante gravedad intimidatoria.

No solo por lo que pueda suponer de intensa lesión de su derecho a la intimidad sino, de profunda alteración de sus relaciones personales y de su propia autopercepción individual y social.

«Cuando tales datos se relacionan con la sexualidad, junto a su divulgación indiscriminada, y en especial si la víctima es mujer, y a consecuencia de constructos sociales marcados muchas veces por hondas raíces ideológicas patriarcales y machistas, se activan mecanismos en red de criminalización, humillación y desprecio», concluyen los magistrados. EFE

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Preocupación por el estado de salud de Soraya Sáenz de Santamaría

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Soraya Sáenz de Santamaría enfermedad

Preocupación por el estado de salud de la que fuera exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Según ha informado el portal Informalia podría padecer una «grave» enfermedad, una afección que le habría obligado a reducir considerablemente su actividad profesional en el despacho de Cuatrecasas. Despacho por el que fichó después de dejar la política.  Fuentes del entorno de la abogada y política vallisoletana han afirmado al medio que «se está tratando con éxito» pero que es un tema «muy delicado», un problema de salud que estaría relacionado con el páncreas y que es «complicado».

El mismo medio publicaba un día después que una ex compañera de gobierno de Sáenz de Santamaría les aseguraba que «ha sido operada» y que como resultado de la intervención «está bien».

Una noticia que ha generado una gran preocupación alrededor de Soraya que hace tan solo unas semanas cumplió 50 años. Desde que abandonó la política tras perder las primarias en el Partido Popular frente a Pablo Casado, la abogada del Estado ha desaparecido del foco mediático a pesar de ser consejera electiva en el Consejo de Estado por petición de Pedro Sánchez. Ella está centrada en su trabajo en Cuatrecasas, el prestigioso despacho por el que fichó en 2019 y donde se ha convertido en una experta en el análisis y asesoramiento de inversiones exteriores tras la crisis de la COVID-19.

Sáenz de Santamaría está casada con Iván Rosa, también abogado del Estado y alto ejecutivo de Telefónica. Tienen un hijo llamado Iván.

Fue vicepresidenta Gobierno de España entre 2011 y 2018, en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Actualmente es Consejera de Estado y socia del bufete de abogados Cuatrecasas en el área de gobierno corporativo y compliance.

Entre 2011 y 2018 se desempeñó como vicepresidenta y ministra de la Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy. Ha ejercido de portavoz del Gobierno, entre 2011 y 2016, y desde 2016 hasta 2018, sumó a sus responsabilidades como ministra de la Presidencia la cartera de Administraciones Territoriales. También en virtud de la activación del Artículo 155 de la Constitución Española, desde el 27 de octubre de 2017 hasta el 2 de junio de 2018, asumió las competencias del President de la Generalitat de Catalunya.

Cesó como vicepresidenta del Gobierno en junio de 2018, tras el éxito de moción de censura presentada por el Grupo Parlamentario Socialista contra Rajoy. Posteriormente, tras el anuncio de la renuncia de Mariano Rajoy a la presidencia del Partido Popular, Saénz de Santamaría presentó su candidatura para sucederle, obteniendo el mayor número de votos entre todos los candidatos de la primera vuelta de las elecciones primarias. Posteriormente Pablo Casado ganó la segunda vuelta. Santamaría renunció a su escaño el 10 de septiembre y ese mismo día anunció su retirada de la política.

En octubre de 2018 fue nombrada miembro del Consejo de Estado.

Fue denominada en varias ocasiones por varios medios de comunicación como «la mujer más poderosa desde [el regreso] de la democracia en España»

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