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Ocho menores agreden sexualmente, durante seis días, a una niña de 13 años con discapacidad

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Una patrulla de la Guardia Civil a su salida de un juzgado en Alicante. EFE/MORELL/Archivo

Alicante, 27 sep (OFFICIAL PRESS-EFE).-Dos menores han sumado sendas denuncias por agresión sexual a la presentada inicialmente por una niña de 13 años en Crevillent (Alicante) contra ocho menores de entre 15 y 17 años de la localidad, que están en libertad con cargos tras prestar declaración judicial.

Obligada a practicar felaciones durante varios días

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado este jueves que las dos últimas denuncias se han interpuesto a raíz de la primera de la niña de 13 años, que tiene trastorno autista, quien relató al Equipo Mujer Menor (Emume) de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante que había sido obligada a practicar felaciones durante varios días en septiembre y octubre de 2022, y en abril de 2023.

Esta versión ha sido negada por los jóvenes arrestados. Siete de los ocho han mantenido ante la juez de Menores que no habían mantenido relaciones sexuales con ella mientras que el octavo ha admitido que sí las tuvo pero consentidas y a iniciativa de la denunciante, han relatado a EFE los abogados Joaquín de Lacy y Enrique Giménez, que defienden a cuatro de los ocho chicos.

Ocho menores agreden sexualmente a una niña de 13 años con discapacidad

Los ocho denunciados fueron arrestados el pasado lunes, día 25, y pasaron una noche en los calabozos de la Guardia Civil antes de quedar libres con cargos tras pasar a disposición del juzgado de Menores de Alicante, el martes, que decretó para seis de ellos un alejamiento de 300 metros de la víctima durante seis meses.

Esa decisión de la autoridad judicial se produjo pese a que la fiscal pidió régimen cerrado para cinco de los ocho investigados y una orden de alejamiento nunca inferior a un kilómetro.

Los letrados de los arrestados han reiterado la inocencia de los menores y han desvelado que en las últimas horas han sufrido acoso a través de las redes sociales, donde han recibido mensajes en los que les tachan de «violadores» y que «hay que echarles» del pueblo.

Tras la declaración de los denunciados en el juzgado de Menores, el próximo trámite judicial está previsto que sea la comparecencia de la niña de 13 años la próxima semana ante la jueza ya que hasta ahora únicamente ha formulado la denuncia ante la Guardia Civil, sin haber declarado aún en sede judicial, y deberá ser allí donde tenga que ratificar o no lo dicho ante el instituto armado.

Dos chicas más denuncian por agresión sexual a los menores de Crevillent, que lo niegan

Según la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado curso en varios emplazamientos públicos de Crevillent aunque siempre fuera del instituto donde estudian los implicados, y han trascendido ahora a raíz de que la niña de 13 años lo trasladara a una orientadora del centro educativo en relación a su deseo de cambiar de clase porque allegados a los agresores, supuestamente, la han llamado «puta».

Los hechos denunciados han conmocionado a los vecinos de Crevillent y de la provincia de Alicante, y el president de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, ha mostrado su consternación antes de expresar su confianza en que este episodio no sea una «consecuencia no deseada de la peor ley contra las mujeres que se ha promulgado en España», en referencia a la del ‘sólo sí es sí’.

Ha afirmado que el Consell que preside actuará en «prevención», en reforzar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el endurecimiento de las penas y en confiar en los consejos del «trabajo riguroso» de los expertos jurídicos, todo ello para «trabajar desde el rigor y seriedad», y ha añadido que promoverá políticas preventivas en los centros educativos y que revisará la atención a los centros de menores.

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El asesinato de la valenciana Pilar Garrido en México da un giro nueve años después

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Jorge Fernández, condenado en 2019 a 47 años de prisión por el feminicidio, ha sido absuelto tras detectarse dos irregularidades en la sentencia. La familia de la valenciana denuncia que nadie le comunicó oficialmente su excarcelación.

El caso del asesinato de la valenciana María del Pilar Garrido Santamans, ocurrido en México en julio de 2017, ha dado un giro judicial casi nueve años después. Jorge Fernández, su marido y único condenado por el crimen, ha quedado en libertad después de que la Justicia mexicana revocara la condena de 47 años de prisión que pesaba sobre él y dictara una sentencia absolutoria.

La Sala Colegiada en Materia Penal de Tamaulipas acordó la absolución el pasado 28 de octubre, después de revisar el caso por orden de un tribunal federal. Fernández permanecía encarcelado en Ciudad Victoria desde hacía años y había sido condenado por el feminicidio de su esposa.

La decisión deja el asesinato de Pilar Garrido sin ningún responsable penalmente condenado. Sin embargo, la absolución no significa que se haya demostrado la inocencia del marido, sino que el tribunal considera que las pruebas presentadas por la Fiscalía no permiten mantener la condena en los términos en que fue dictada.

Dos errores en la sentencia que condenó al marido de Pilar Garrido

El origen de la excarcelación está en el amparo directo 497/2024, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimonoveno Circuito. Este órgano federal detectó dos irregularidades en la fundamentación de la condena y ordenó a la Sala penal de Tamaulipas volver a examinar las pruebas.

El tribunal federal no declaró inocente a Jorge Fernández ni resolvió que no hubiera cometido el crimen. Su intervención se centró en los defectos procesales de la sentencia y en la forma en que se habían valorado los elementos utilizados para condenarlo.

El primero de los errores estaba relacionado con la carga de la prueba. La sentencia había considerado que el marido no había conseguido demostrar su versión de los hechos, según la cual unos desconocidos habían interceptado el vehículo familiar y secuestrado a Pilar. A partir de esa falta de acreditación se había reforzado la hipótesis de su responsabilidad.

El tribunal federal consideró que ese razonamiento era incorrecto: que la versión del acusado no resulte creíble no demuestra automáticamente que la hipótesis de la Fiscalía sea cierta. La responsabilidad penal debía acreditarla la acusación, sin obligar al procesado a demostrar su inocencia.

La segunda irregularidad afectaba a las primeras declaraciones de Fernández. Cuando denunció la desaparición de su mujer, las autoridades todavía lo trataban como denunciante y supuesto perjudicado por el secuestro. Sin embargo, esas manifestaciones fueron utilizadas posteriormente como indicios en su contra.

El tribunal entendió que no podían incorporarse de esa manera para fundamentar la condena, especialmente después de que el acusado se acogiera a su derecho a no declarar durante el juicio oral.

Tras recibir la orden de revisar el caso, la Sala estatal volvió a valorar las pruebas y dictó la absolución el 28 de octubre. La resolución todavía puede ser recurrida.

La familia de Pilar se entera de la libertad por una llamada

La excarcelación ha provocado una nueva conmoción en el entorno de la valenciana. Según la información publicada por medios mexicanos y españoles, la familia de Pilar no habría recibido una comunicación oficial sobre la salida de prisión de Jorge Fernández.

Fue el propio hombre quien telefoneó a Raquel Garrido, hermana de la víctima y tutora del hijo de ambos, para comunicarle que había recuperado la libertad.

El niño tenía apenas un año cuando desapareció su madre y ahora tiene diez. La familia vuelve a enfrentarse a la incertidumbre sobre un crimen que marcó su vida y que, tras la resolución judicial, se queda sin una condena firme contra el único acusado.

El asesinato de Pilar Garrido en México en 2017

María del Pilar Garrido Santamans tenía 34 años y un hijo pequeño cuando fue asesinada en julio de 2017 en el estado mexicano de Tamaulipas. La valenciana había pasado unos días con su marido y el niño en la zona turística de La Pesca, en el municipio de Soto de la Marina.

Durante el regreso a su domicilio de Ciudad Victoria, Fernández aseguró que un vehículo les cortó el paso y que varios hombres armados se llevaron a su esposa. Según su relato, los asaltantes le obligaron a bajar del coche y secuestraron a Pilar.

La investigación policial descartó posteriormente la versión del secuestro y dirigió las sospechas hacia el marido. La Fiscalía sostuvo que la mujer había sido asesinada y que murió estrangulada.

En 2019, Jorge Fernández fue condenado a 47 años de prisión por el feminicidio. La sentencia se convirtió durante años en la principal respuesta judicial al asesinato de la valenciana.

Ahora, la revisión de las pruebas y los errores detectados en la fundamentación de la condena han cambiado el rumbo del procedimiento. La absolución deja sin efecto la pena de prisión y abre una nueva etapa para la familia de Pilar, que vuelve a reclamar justicia casi nueve años después de su muerte.

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