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Ocho menores agreden sexualmente, durante seis días, a una niña de 13 años con discapacidad

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Una patrulla de la Guardia Civil a su salida de un juzgado en Alicante. EFE/MORELL/Archivo

Alicante, 27 sep (OFFICIAL PRESS-EFE).-Dos menores han sumado sendas denuncias por agresión sexual a la presentada inicialmente por una niña de 13 años en Crevillent (Alicante) contra ocho menores de entre 15 y 17 años de la localidad, que están en libertad con cargos tras prestar declaración judicial.

Obligada a practicar felaciones durante varios días

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado este jueves que las dos últimas denuncias se han interpuesto a raíz de la primera de la niña de 13 años, que tiene trastorno autista, quien relató al Equipo Mujer Menor (Emume) de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante que había sido obligada a practicar felaciones durante varios días en septiembre y octubre de 2022, y en abril de 2023.

Esta versión ha sido negada por los jóvenes arrestados. Siete de los ocho han mantenido ante la juez de Menores que no habían mantenido relaciones sexuales con ella mientras que el octavo ha admitido que sí las tuvo pero consentidas y a iniciativa de la denunciante, han relatado a EFE los abogados Joaquín de Lacy y Enrique Giménez, que defienden a cuatro de los ocho chicos.

Ocho menores agreden sexualmente a una niña de 13 años con discapacidad

Los ocho denunciados fueron arrestados el pasado lunes, día 25, y pasaron una noche en los calabozos de la Guardia Civil antes de quedar libres con cargos tras pasar a disposición del juzgado de Menores de Alicante, el martes, que decretó para seis de ellos un alejamiento de 300 metros de la víctima durante seis meses.

Esa decisión de la autoridad judicial se produjo pese a que la fiscal pidió régimen cerrado para cinco de los ocho investigados y una orden de alejamiento nunca inferior a un kilómetro.

Los letrados de los arrestados han reiterado la inocencia de los menores y han desvelado que en las últimas horas han sufrido acoso a través de las redes sociales, donde han recibido mensajes en los que les tachan de «violadores» y que «hay que echarles» del pueblo.

Tras la declaración de los denunciados en el juzgado de Menores, el próximo trámite judicial está previsto que sea la comparecencia de la niña de 13 años la próxima semana ante la jueza ya que hasta ahora únicamente ha formulado la denuncia ante la Guardia Civil, sin haber declarado aún en sede judicial, y deberá ser allí donde tenga que ratificar o no lo dicho ante el instituto armado.

Dos chicas más denuncian por agresión sexual a los menores de Crevillent, que lo niegan

Según la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado curso en varios emplazamientos públicos de Crevillent aunque siempre fuera del instituto donde estudian los implicados, y han trascendido ahora a raíz de que la niña de 13 años lo trasladara a una orientadora del centro educativo en relación a su deseo de cambiar de clase porque allegados a los agresores, supuestamente, la han llamado «puta».

Los hechos denunciados han conmocionado a los vecinos de Crevillent y de la provincia de Alicante, y el president de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, ha mostrado su consternación antes de expresar su confianza en que este episodio no sea una «consecuencia no deseada de la peor ley contra las mujeres que se ha promulgado en España», en referencia a la del ‘sólo sí es sí’.

Ha afirmado que el Consell que preside actuará en «prevención», en reforzar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el endurecimiento de las penas y en confiar en los consejos del «trabajo riguroso» de los expertos jurídicos, todo ello para «trabajar desde el rigor y seriedad», y ha añadido que promoverá políticas preventivas en los centros educativos y que revisará la atención a los centros de menores.

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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