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Oltra: «Rajoy se pasa el Pacto contra la Violencia de Género por los Presupuestos Generales del Estado»

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La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha criticado la partida prevista en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 al Pacto contra la Violencia de Género, ya que «de 200 millones que estaban comprometidos en ese pacto ahora vas a los presupuestos y hay 80 millones, se han quedado 120 millones por el camino: ¿dónde está el dinero?».

Oltra ha señalado que en la Comunitat Valenciana se firmó un Pacto valenciano «que estaba condicionado a ese dinero, y luego va Rajoy y dice ‘me paso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género por los Presupuestos Generales del Estado'».

«De 200 millones pasamos a 80, dinero que tiene que venir a los territorios, que somos los que tenemos competencias de protección de las mujeres en situación de violencia de género», ha añadido.

En ese sentido, ha afirmado que es «muy difícil mantener relaciones institucionales desde la lealtad y la razonabilidad cuando tienes un Gobierno de España que no cumple ni una sola de las palabra que da».

«El Pacto de Estado está firmado, pero ¿qué valor tiene esa firma del Gobierno de España?», se ha preguntado la vicepresidenta. «En credibilidad poco, y en millones le faltan 120 millones de euros. Han puesto menos dinero del que se han dejado fuera», ha apuntado.

Oltra ha añadido que luego «el Gobierno va por ahí con el lazo morado; el lazo morado» se pone «en los presupuestos, que es donde se lucha contra la violencia de género».

DIFERENCIAS DE INVERSIONES POR TERRITORIOS
Por otra parte, la vicepresidenta se ha referido a las inversiones previstas en el proyecto de los PGE para las comunidades autónomas y ha denunciado que, un año más, «los presupuestos dejan a la Comunitat Valenciana en el furgón de cola».

En este sentido, ha mostrado un mapa con las inversiones previstas al que ha denominado el «mapa de la vergüenza, en el que nos situamos los penúltimos en inversión». En cualquier caso, para la vicepresidenta el problema no es tanto esta posición sino «las diferencias difícilmente explicables entre unos territorios y otros».

«Si fuéramos los penúltimos pero las diferencias con otras comunidades autónomas fueran de 10, 15 ó 30 euros por habitante todavía podríamos encajarlo, pero es que hay comunidades que prácticamente triplican la inversión que se hace en la Comunitat Valenciana», ha asegurado.

En este sentido, Oltra ha reiterado que estas diferencias entre territorios «es lo que rompe la igualdad. España se rompe por aquí, cuando inexplicablemente hay comunidades autónomas que tienen el doble y o el triple de inversiones que la Comunitat Valenciana y no está acreditado que tengan el doble o el triple de necesidades».

La vicepresidenta ha puesto algunos ejemplos de estas diferencias y ha señalado que es «inexplicable» que la ayuda al Transporte Metropolitano en la ciudad de València sea cero, cuando tienen ayuda Madrid, Barcelona, Canarias, Sevilla o Málaga.

«¿Por qué València ‘cero’ y el resto de ciudades sí tienen dinero para el transporte metropolitano? ¿València por qué no, cuando es la tercera ciudad de España?», se ha preguntado. En esta línea, ha asegurado que ya no existe «la excusa de que no hay autoridad metropolitana en el transporte, porque sí la hay».

También se ha cuestionado «por qué el Palau de les Arts recibe 600.000 euros cuando el Liceu de Barcelona recibe más de 7 millones de euros; esto es algo que también tendrán que explicarlo», ha concluido.

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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