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OMS: «Las vacunas ayudarán a controlar pero no a erradicar el coronavirus»

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Ginebra, 25 ene (EFE).- Las vacunas contra el coronavirus no servirán para erradicar la covid-19, sino para reducir la mortalidad y las infecciones graves que terminan en hospitalizaciones, dijo hoy un alto responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La ventaja de la vacuna es que podemos disminuir de manera muy importante el número de muertes, los casos graves y el impacto en la sociedad en general, y en ese sentido podríamos regresar a una vida normal”, dijo el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, sin predecir un plazo para ello.

La esperanza de que la nueva enfermedad podría desaparecer con la vacuna ha quedado atrás por varios factores, entre ellos la presencia del coronavirus en tantos países, la imposibilidad de aplicar medidas integrales y de largo plazo para contener los contagios y el suministro todavía muy limitado de las vacunas.

El reto es enorme si se considera que la humanidad solo ha conseguido erradicar una enfermedad del planeta: la viruela.

“La cobertura de las vacunas no alcanzarán el punto en el que detendrán la transmisión por completo. Lo más probable es que la enfermedad siga presente por mucho tiempo, a menos que se cumplan las medidas (de prevención) y la cobertura de vacunación que se requeriría”, recalcó el experto en una rueda de prensa.

Advirtió que si algunos grupos quedan fuera de la vacunación, en particular los adultos jóvenes, “entonces tendremos problemas para erradicar esta enfermedad”.

“No creo que tengamos que considerar la eliminación o la erradicación de este virus como la medida de nuestro éxito. Tendremos éxito si reducimos la capacidad de este virus de matar, llevar a la gente al hospital y destruir nuestras vidas desde el punto de vista económico”, explicó.

Ryan dijo que el objetivo realista debe ser controlar el virus “y no que el virus nos controle a nosotros”.

Para ello la OMS defiende la necesidad de que haya una distribución equitativa de las vacunas disponibles para que éstas sean utilizadas en los grupos más expuestos al coronavirus, los sanitarios, las personas mayores y aquellos que sufren de dolencias crónicas, en todos los países y no solo en los que han alcanzado acuerdos directos con las farmacéutica que están produciendo las vacunas.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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