VALENCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) – El desahucio de Alisa y su familia de una vivienda de Oliva (Valencia), previsto para este viernes, ha sido paralizado y la entidad bancaria propietaria les permitirá permanecer tres meses más en la casa. Además, el Ayuntamiento de esta localidad se ha comprometido a reparar los daños causados por el fuego en el inmueble en el que anteriormente residía esta familia y, si no es posible, rehabilitará otro piso de propiedad pública para su uso.

Así lo ha explicado en conversación con Europa Press el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia, José Luis González, quienes se han trasladado hasta este municipio valenciano en el que finalmente no se ha llevado a término el desalojo de Alisa, su pareja y sus tres hijos, aunque sí ha llegado a acudir la Guardia Civil, además de un cerrajero.

González ha señalado que la casa de esta familia sufrió un incendio y, tras esto, okuparon la vivienda de la que este viernes iban a ser desahuciados con sus tres hijos, una de ellas con epilepsia. Ante esta situación, desde la PAH enviaron al juez un documento de la ONU «que dice que las familias no pueden ser expulsadas si no tienen donde vivir».

Sin embargo, este viernes se iba a proceder al desahucio de esta familia, pero el banco propietario del piso les ha concedido tres meses de prórroga y el consistorio de Oliva se ha comprometido a intentar arreglar la vivienda que sufrió el incendio y en caso de que no sea viable, se les ofrecerá un piso que en estos momentos se está rehabilitando y que se prevé que esté listo en un mes.

ESCRITO A PEDRO SÁNCHEZ
La PAH presentó este jueves en el Congreso un escrito dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que le instaba a aplicar el mandato del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) para evitar el desahucio de Alisa y su familia en Oliva.

El documento recoge el pronunciamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas sobre el desahucio de Alisa, «contra todos los desalojos habidos hasta ahora» y por el conjunto de medidas que permita el cumplimiento del pacto.

La plataforma explicó este jueves que este departamento de la ONU solicitó la suspensión cautelar del desahucio sin alternativa habitacional, mediante un comunicado que hizo llegar a la PAH Safor-Valldigna –de la que Alisa y su familia forman parte–, así como al representante de España en el organismo internacional. Este pasado miércoles, la PAH puso en conocimiento del juez el comunicado de la ONU.

Ante esta situación, en el escrito dirigido a Sánchez, la organización solicitaba que se pronuncie sobre «cuáles son las modificaciones legales necesarias para que cualquier juez venga obligado a respetar las peticiones de medidas cautelares solicitadas por el Comité DESC», así como los cambios que requeriría el cumplimiento del pacto internacional.

La PAH Safor-Valldigna, en coordinación y apoyo de todas las plataformas de afectados por la hipoteca de la Comunitat Valenciana y «ahora con amparo de la legalidad internacional», convocó para las nueve de la mañana de este viernes una acción de «desobediencia civil pacífica» al desalojo dado que, alegan, se trata de una familia que «no tiene alternativa habitacional» a pesar de que cuenta con tres menores de edad.

DESAHUCIO DE ALISA Y SU FAMILIA
Con el apoyo de la PAH, Alisa puso en conocimiento de la entidad bancaria su intención de pagar un alquilar social a cambio de permanecer en su casa, mientras no tuviera alternativa habitacional. La familia también cursó la solicitud como demandante de vivienda de la Generalitat Valenciana el 18 de octubre de 2017.

Por todo ello, desde la PAH Safor-Valldigna y las plataformas de afectados por la hipoteca de toda España hacen un llamamiento a los jueces para que apliquen las leyes y pactos internacionales vigentes que «velan por los más vulnerables».

También instan a los representantes políticos para que busquen soluciones a la crisis habitacional que «más de 10 años después del inicio de la crisis-estafa, sigue produciendo en España más de 170 desahucios cada día».

Para conseguirlo, reclaman que «se levanten ya los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes autonómicas», como la Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat, y «comprometerse en que la ley de vivienda de la PAH sea una realidad lo más pronto posible».