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Los transportistas suspenden el paro en su segunda jornada de protestas

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Camiones parados durante la anterior huelga del sector. EFE/Archivo

Madrid (OFFICIAL PRESS- EFE). La Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte ha decidido suspender el paro indefinido en la que iba a ser la segunda jornada de protestas, argumentado que se enfrenta a una «campaña sin descanso de acoso y derribo».

En un comunicado, la citada agrupación, compuesta en su mayoría por autónomos y pymes, asegura que esa «campaña» procede de cargadores (sus clientes), patronales del sector, sindicatos, cierto ámbito político e, incluso, algunos medios de comunicación.

En cualquier caso, la Plataforma defiende que seguirá «contra viento y marea defendiendo y luchando» sus reclamos para tratar de mejorar las condiciones de trabajo del sector.

Durante la primera jornada de paro en la Comunitat Valenciana este lunes, se registró «absoluta normalidad» a primera hora y no se detectaron piquetes informativos en ningún punto, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno, que precisaron que en Valencia los puntos más importantes, como el puerto y Mercavalencia, funcionaban como en un día normal, con la entrada y salida habitual de camiones.

Asotraport, que cuenta con más de 500 socios dedicados al transporte de contenedores en el puerto de València, es la organización que ha secundado el paro en la Comunitat, al estar afiliada a la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte.

Asovaltra, con 600 socios -pymes y autónomos-, no secundaba el paro al haber sido rechazado por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) en una asamblea extraordinaria, ni tampoco FVET, cuya junta directiva había decidido no participar en la protesta.

En la Comunitat operan más de 15.000 empresas de transporte de mercancías, y es la tercera autonomía, por detrás de Andalucía y Cataluña, con mayor volumen de mercancías transportadas en España, con un total de 279 millones, un 20 % más que el año anterior.

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El DAO José Ángel González Jiménez dimite tras ser acusado de violación: de pacificador de la Policía a hombre de confianza de Marlaska

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El comisario principal José Ángel González Jiménez, conocido como ‘Jota’, de 66 años y natural de Aguilar del Río Alhama, ha dimitido como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional tras ser denunciado por agresión sexual por una subordinada, en un caso que ha sacudido a la institución y a la opinión pública.

Trayectoria del DAO: de pacificador a figura de confianza

González Jiménez llegó a la DAO en 2018 en un momento convulso para la Policía Nacional, tras escándalos como la ‘policía patriótica’ o el caso Villarejo. Su perfil discreto y profesional le permitió recuperar la normalidad en la operativa policial y mejorar la imagen de la institución, especialmente en tareas de seguridad ciudadana y gestión de crisis.

Entre sus logros destacan la coordinación con los Mossos d’Esquadra tras los altercados por la sentencia del procés y su papel en el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, gestionando los confinamientos durante la pandemia, lo que le convirtió en rostro familiar para los ciudadanos en ruedas de prensa junto a Fernando Simón y responsables de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Renovación legal para mantenerse en el cargo

En diciembre de 2024, al cumplir los 65 años, González Jiménez debía jubilarse. Sin embargo, el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, promovió un cambio legal que le permitió seguir en el puesto, mostrando plena confianza en él, aunque generando tensiones internas entre otros altos mandos que sí debieron retirarse a esa edad.

Fuentes cercanas al DAO indican que “desde hace un año no era el mismo, se notaba que algo le pasaba”, y lamentan que no hubiera dimitido antes de que estallara el escándalo que ahora marca su destino profesional y personal.

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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