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Pedro Sánchez pedirá una prórroga del estado de alarma de un mes

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Sánchez decretos Junts

Tras 63 días en el estado de alarma por el coronavirus, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vuelve a dirigir a los españoles como cada sábado para anunciar una nueva petición de prórroga del estado de alarma, que solicitarán que sea para un mes de duración y en el que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, será el mando único. «Pretende ser el último estado de alarma», ha confirmado Sánchez.

Ha afirmado que espera que será «el último» estado de alarma en el Congreso de los Diputados, de una duración de un mes. Sánchez pide a los ciudadanos que sigan las indicaciones sanitarias «a rajatabla»: «Aunque la cifra de fallecidos desciende, el riesgo continúa ahí. Su amenaza es real».

Durante el turno de preguntas de los periodistas, Sánchez también ha defendido que la unidad «salva vidas y puede salvar empresas y empleos. España necesita del turismo, pero el turismo necesita seguridad y garantías de salud».

Sobre las medidas adoptadas durante la pandemia, Sánchez ha dicho que «Me presenté a una investidura entre PSOE y Unidas Podemos. El programa de Gobierno es la hoja de ruta, con mayor vigencia como consecuencia de la pandemia. Hablamos de justicia social y fiscal, transición ecológica, digitalización…».

Preguntado por la críticas por haber dejado a la Comunidad de Madrid en la fase 0, el presidente ha contestado que «Hemos dicho siempre que la desescalada sería gradual y asimétrica. Todos los indicadores que se están utilizando por el Ministerio de Sanidad ha sido previamente acordado por las Comunidades Autónomas. Se produce un diálogo bilateral entre Sanidad y Comunidades Autónomas; puede haber alguna fricción, pero lógicamente prima la precaución. La desescalada no es una carrera».

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Nueva Ley ‘Antiokupas’ en España: Adiós a la ocupación de viviendas, esta será su fecha de entrada en vigor

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nueva ley antiokupas

El Congreso aprueba una enmienda para agilizar los juicios por usurpación y allanamiento de morada

La ocupación ilegal de viviendas en España está cerca de un cambio significativo.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que establece que los delitos de usurpación y allanamiento de morada sean tramitados en juicios abreviados, permitiendo que se resuelvan en un máximo de 15 días desde que los ‘okupas’ son puestos a disposición judicial.

La iniciativa fue aprobada con el respaldo del PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, ERC y Bildu, aunque este último reconoció su voto como un error y se disculpó públicamente. Vox se abstuvo, mientras que PSOE, Sumar, Podemos y BNG votaron en contra.

 

Siguientes pasos para la aprobación definitiva

La reforma forma parte de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia y ahora se encuentra en el Senado, que tiene hasta dos meses para debatir la propuesta. Sin embargo, al no ser un proyecto declarado urgente, los plazos pueden extenderse. En el Senado pueden suceder tres escenarios:

  1. Aprobación sin cambios: La ley pasa directamente al proceso de sanción, promulgación y publicación.
  2. Veto absoluto: La iniciativa vuelve al Congreso sin ser aprobada, aunque no se espera que ocurra debido a la mayoría del PP en la Cámara Alta.
  3. Enmiendas parciales: El texto es modificado y regresaría al Congreso para su debate final.

Si se aprueba sin modificaciones, el Rey procederá a sancionar y promulgar la ley, un acto formal que no puede ser revocado. Posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor en el plazo indicado por la ley o, en su defecto, en 20 días.

Impacto de la nueva ley en los plazos legales actuales
El cambio permitirá agilizar notablemente los procesos judiciales. En la actualidad, el 80% de los casos de desahucio en España tardan entre 4 y 9 meses en resolverse. Con la reforma, estos casos se resolverán en 15 días.

 

Comparativa con otros países europeos

En otros países de Europa, las medidas contra la ocupación ilegal son más inmediatas:

  • Francia: La Policía puede desalojar sin autorización judicial en 48 horas. Las penas llegan a tres años de prisión y multas de hasta 45.000 euros.
  • Alemania: El desalojo se produce en 24 horas y las penas alcanzan hasta dos años de cárcel si se utiliza violencia.
  • Reino Unido: La Policía puede actuar sin permiso judicial y la pena máxima es de 51 semanas de prisión y multas de hasta 5.700 euros, salvo si los ‘okupas’ abandonan la vivienda antes de las primeras 24 horas.

 

 

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