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Pedro Sánchez recula y dice que irá el 23 a ‘El Debate’ de Atresmedia

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recula y acepta participar en ‘El Debate’ de Atresmedia con los candidatos del PP, Unidas Podemos y Ciudadanos, y también irá el 22 al debate organizado por TVE tras dos días de críticas masivas.

Según ha informado Ferraz en un comunicado, Sánchez ha trasladado al Comité Electoral del PSOE que, ante la posibilidad real de que no hubiera ningún debate, hiciera efectiva su aceptación a asistir a los debates propuestos tanto por RTVE como por Atresmedia.

En el comunicado, Sánchez ha trasladado al Comité Electoral del PSOE la petición de que reconsidere su posición respecto a los debates electorales previstos para la semana próxima. El presidente considera que los españoles tienen derecho a escuchar a los candidatos debatir sus propuestas para España y ante la posibilidad real de que no hubiera ningún debate ha solicitado a sus compañeros que hagan efectiva su aceptación a asistir a los debates propuestos tanto por RTVE y Atresmedia.

Sánchez explica que hubiera preferido realizar un único debate entre las principales formaciones estatales que concurren a las elecciones. Por ello, lamenta la imposibilidad de los distintos partidos y de los operadores públicos y privados de alcanzar un acuerdo en la organización de una única emisión televisiva tal y como es la norma internacional repetida en todas las democracias avanzadas del mundo.

En ese comunicado también explican que «el acuerdo alcanzado por los cinco partidos convocados por el grupo privado Atresmedia fue truncado por la resolución de la Junta Electoral Central. La voluntad del PSOE fue entonces la de primar la emisión del debate a cuatro propuesto inicialmente por la televisión pública frente a la posterior cesión del privilegio a un canal privado».

Ante la coincidencia del Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos en mantener el debate en Atresmedia, aunque el formato haya pasado de la participación de cinco partidos a cuatro, Pedro Sánchez acepta la posición conjunta del resto de fuerzas.

En relación con la solicitud de un debate en TVE alternativo al de Atresmedia, considera una «anomalía» la celebración de dos debates presidenciales en dos días consecutivos.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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