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Piden 248 años de prisión para un entrenador de fútbol por 36 abusos a niños

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València, 11 dic (EFE).- La Audiencia de Valencia comenzará el lunes el juicio contra el entrenador de un club de fútbol de niños al que la Fiscalía acusa de 36 delitos de abuso sexual a menores de 12 años, 27 de ellos continuados, por los que pide para el reo una pena de 248 años de prisión.
Los hechos ocurrieron entre los años 2015 a 2018 cuando, según el escrito de la acusación pública, el procesado aprovechaba su condición de entrenador y monitor de la escuela de verano para ganarse la confianza de los niños y jugar con ellos a fútbol en el polideportivo, ir a comer una hamburguesa o jugar a la videoconsola en su casa.
Cuando los niños ya le consideraban uno más de la pandilla, el acusado les proponía retos y, aquellos que los perdieran, debían realizar actos de carácter sexual como mostrar sus partes íntimas u otras prácticas sexuales de diferente tipo.
Estos retos se realizaban en los aseos de un polideportivo, en un polígono industrial o en una pista de motocross.
Los padres de las víctimas no sospechaban de la relación del procesado con sus hijos debido a que era una persona popular y de una buena familia del municipio en el que sucedieron los hechos.
El Ministerio Fiscal mantiene que los menores aceptaban esos retos para no quedar excluidos del grupo, ya que si alguno se negaba, el acusado apelaba a la presión grupal con expresiones como «cagao» o «mierda».

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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