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‘Pilota a l’Escola’ baja el telón después de recorrer 445 colegios en la Comunitat

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La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha iniciado las jornadas de clausura en Primaria del programa ‘Pilota a l’Escola’ 2017-2018.

Estas jornadas se inician este 3 de mayo en Benidorm y continuaran el próximo 7 de mayo en Castellón, el 11 en Santa Pola, el 14 en Canals, el 16 en Piles, el 18 en Massalfassar y finalizarán el día 23 de mayo en Benicarló.

Estas jornadas de clausura tienen como objetivo que el alumnado disfrute de la pilota valenciana al mismo tiempo que convive con alumnos de otros centros próximos. Durante el desarrollo del acontecimiento, tendrán la oportunidad de presenciar el espectáculo que supone una partida de ‘raspall’ o de ‘escala i corda’ protagonizada por jugadores profesionales de pilota.

Estos encuentros se llevan a cabo una vez acabadas las sesiones de los centros educativos, en todos los centros que han participado en el programa.

Además de las partidas, habrá juegos alternativos, todos ellos vinculados al mundo de la pilota valenciana, así como talleres de artesanos, fabricantes de pelotas y guantes y actividades lúdicodeportivas. Asimismo, el alumnado podrá conocer a los jugadores profesionales que participen en estas partidas.

Al acabar, se entregarán los lotes de material a los dos colegios que hayan elaborado los mejores trabajos.

Cabe recordar que en esta edición han participado 445 centros de Primaria lo que supone un aumento del 15% respecto al año anterior. Asimismo, la principal novedad de esta edición ha sido la extensión del programa a la etapa de Secundaria, mediante la organización de una competición de ‘raspall’ en primero de la ESO, que se está desarrollando en la actualidad.

El programa ‘Pilota a l’Escola’ tiene como finalidad introducir el juego de pilota en los centros educativos, enseñar al alumnado el deporte nacional de los valencianos, así como trasmitir al profesorado las posibilidades educativas, sociales y culturales de la pilota valenciana.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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