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Pinedo pone a punto su playa canina con mejoras en los servicios

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El Ayuntamiento ya ha organizado todos los servicios de la playa can de Pinedo que este año cuenta, como novedad, con balizamiento en el mar, una cordada de boyarines que delimitará el espacio en el que los perros pueden bañarse.

Esta zona acotada, habilitada por primera vez en el año 2016, en el norte de la playa de Pinedo (al sur de la ciudad), permanecerá abierta durante toda la temporada de verano, desde este  jueves, 11 de julio, hasta el 30 de septiembre. Usuarios y usuarias podrán acceder a todas las instalaciones habilitadas para perros desde las 9:30 horas hasta las 19.30 horas. 

Como en años anteriores, este espacio contará con una caseta de información, desde la que se vigilará el buen uso de la zona y la identificación de los animales mediante chip, pues, según la normativa municipal, los perros deberán estar controlados y sujetos en todo momento dentro de la zona señalizada;  y los calificados como potencialmente peligrosos, además, deberán llevar bozal. 

Así, según recoge la Ordenanza municipal de uso de las playas y zonas adyacentes, desde su  modificación en el año 2016, «la presencia de animales en las playas, zona de baño y paseos, estará sujeta al cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiénico-sanitarias y de convivencia ciudadana establecidas». 

De hecho, los propietarios de los perros, que son los responsables de los posibles daños causados por el animal, deberán llevar la documentación del can en regla (pasaporte veterinario y tarjeta de identificación) y respetar, en todo caso, la zona zona habilitada y señalizada para el uso de estos animales, así como a recoger sus excrementos y depositarlos en la papelera. 

Con el fin de que no se generen molestias con el resto de usuarios de las playas, en la caseta de información habilitada por el Ayuntamiento se entregarán estacas para atar al perro y papeleras con bolsa. En este espacio de playa, totalmente señalizado, también se habilitará una manguera para duchar a los perros.

La playa can de Pinedo también tendrá un quiosco de helados y bebidas, hamacas y sombrillas, para dar un mayor servicio a la ciudadanía que utiliza esta playa de uso compartido.

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El Tribunal Supremo ordena a la familia Franco devolver al Estado el Pazo de Meirás

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El Tribunal Supremo de España ha decidido por unanimidad que la familia Franco debe devolver al Estado el Pazo de Meirás, confirmando la sentencia previamente dictada por la Audiencia Provincial de La Coruña. La decisión pone fin a décadas de disputas legales sobre la propiedad de este emblemático inmueble.

La sentencia y sus fundamentos

La Audiencia Provincial de La Coruña ya había resuelto que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado. Los hermanos Martínez-Bordiú Franco debían devolver la posesión del inmueble, con derecho a ser indemnizados por los gastos necesarios y útiles realizados durante su tiempo de posesión, ya que no se les consideraba poseedores de mala fe.

El Tribunal Supremo ha confirmado todos los puntos de la sentencia, desestimando los recursos presentados por la familia Franco y otros afectados. Según la Sala Primera:

  • Desde 1938, el Pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado, similar al Palacio del Pardo, por lo que sus moradores no podían considerarse dueños legítimos.

  • No ha transcurrido el plazo legal de treinta años para adquirir la propiedad por prescripción.

  • No existió ninguna desafectación tácita que despojara al inmueble de su carácter de bien de dominio público.

  • La familia Franco conservará el derecho a indemnización por gastos realizados de buena fe durante su posesión, conforme al Código Civil.

Un caso histórico que concluye

Con esta decisión, el Pazo de Meirás pasará a titularidad pública, cerrando un capítulo histórico que se extendió durante décadas. Este fallo refleja la importancia de la protección de los bienes de dominio público y consolida la recuperación de un patrimonio histórico para el Estado.

El Tribunal Supremo confirma así plenamente la resolución de la Audiencia Provincial de La Coruña, subrayando la buena fe de los poseedores y el derecho a la compensación económica, pero reafirmando que la propiedad pertenece al Estado.

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