El presidente del PP y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto un plan de gobierno: bajar el IRPF para rentas de hasta 40.000 euros, extender la rebaja del IVA a la carne, el pescado y las conservas, y eximir a los autónomos del pago de impuestos en sus dos primeros años de actividad.
Su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados ha comenzado contraponiendo su postura a la del líder socialista y presidente en funciones, Pedro Sánchez, durante la negociación con los grupos nacionalistas e independentistas.
Así, ha defendido la necesidad de «reforzar los instrumentos para proteger la dignidad del Estado» y ha planteado incorporar en el Código Penal un delito de «deslealtad constitucional», simular al de otros países del entorno, así como volver a castigar el delito de malversación «de acuerdo a su gravedad».
El plan de gobierno de Feijóo
Saneamiento de la economía y «mayores facilidades a los empleadores»
En la exposición de su plan económico y de gobierno, Feijóo ha planteado tres reformas: una administrativa, una fiscal y una laboral —con «mayores facilidades a los empleadores»— porque, según ha recalcado, España está «a la cola en recuperación del PIB prepandemia», a la cabeza en paro estructural y con una deuda pública «desorbitada». Su objetivo es lograr un crecimiento real medio de la economía del 2,5 % en la próxima década con un pacto por el saneamiento de la economía, «integrando a agentes sociales y económicos».
Así, entre otras medidas, el líder popular ha defendido promover las inversiones con una oficina de proyectos industriales estratégicos, un fondo de inversión para consolidar el crecimiento de las empresas emprendedoras, implementar una rebaja temporal de las cotizaciones y crear desgravaciones para nuevas inversiones.
Entre sus propuestas económicas también figura que los recursos procedentes del impuesto a la banca se destinen a las familias que no pueden pagar su hipoteca, agilizar el ingreso mínimo vital y fijar un calendario en el seno del diálogo social para que el salario mínimo interprofesional alcance el 60 % del salario medio.
Una reforma fiscal y administrativa
Ha abogado por mantener las medidas para contener la inflación hasta que se controlen los precios, entre ellas el tipo reducido del IVA para la electricidad y el gas, la ayuda de 200 euros para los más vulnerables o la gratuidad del transporte público, aunque con límite de renta.
La reforma fiscal debería partir de los trabajos del comité de expertos y tomar «como ejemplo las comunidades donde se han aplicado reformas selectivas», con el objetivo de contribuir a la creación de empleo, hacer más atractiva la vida rural «con una política de impuestos cero en estos entornos» y mejorar la equidad.
En ese sentido, defiende que la fiscalidad del patrimonio «nos acerque al resto de Europa y no atente contra las competencias económicas», aunque no ha detallado su propuesta.
Un plan de choque para la Sanidad
En lo relativo a la Sanidad pública, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha anunciado que tiene intención de reunir un Comité de Expertos «aborde de forma sosegada» los retos y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, pero antes ha prometido que «aprobará un Plan de choque de Atención Primaria, que permita convocar un MIR extraordinario para médicos de familia y primar a aquellos que decidan ejercer su actividad en el medio rural» y que «dote también de más médicos la salud mental en la sanidad pública, centrándonos en la atención temprana».
«Ni las cifras de suicidios ni los consumo de ansiolíticos son razonables. Esto no puede aplazarse ni un minuto más», ha enfatizado.
Salario mínimo «con criterios objetivos»
En su intervención, el líder del PP ha propuesto la aprobación durante el primer año de legislatura y en el seno del diálogo social de un calendario para subir, «con criterios objetivos», el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el 60% del salario medio, para que no quede por debajo del aumento de los precios. «Con nosotros, el incremento del salario mínimo supera el incremento de los precios», ha asegurado.
Ha apostado por reformar el procedimiento de concesión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), «que hoy deja fuera a dos de cada tres potenciales beneficiarios», y agilizarlo con la ayuda de las comunidades autónomas.
Pacto de Estado por las Familias
Finalmente, Feijóo ha apostado por un «Pacto de Estado por las Familias» para que los ciudadanos puedan impulsar el proyecto de vida «que cada uno desee». Para dicho impulso ha prometido una aportación de 6.000 millones de euros para ayudar a las familias numerosas, monoparentales y a las más vulnerables, facilitar el acceso a la vivienda e incrementar las ayudas a la conciliación.
Sobre este último punto, ha reivindicado la necesidad abordar las «limitaciones» en la autonomía de los horarios laborales porque «complican» la conciliación, dificultan dedicar tiempo en los hijos e «inciden en la productividad y en la salud mental». Por ello, ha planteado convocar a los agentes sociales y económicos para que se pueda disponer de un marco general a desarrollar posteriormente en la negociación colectiva que aborde «dos fórmulas prioritarias» para abordar la gestión del tiempo de trabajo: la semana laboral «flexible» y el establecimiento de un banco de horas para que los trabajadores puedan disponer de ellas, por ejemplo, en los periodos no lectivos.
También en referencia a las familias y la infancia, Feijóo ha planteado «garantizar por ley mayores barreras en el acceso a los contenidos tecnológicos por parte de los menores» y, en cuanto a la educación«, ha asegurado que su voluntad es la de negociar con las fuerzas políticas, con la comunidad educativa y con la sociedad civil «hasta garantizar una ley que no cambie con el Gobierno siguiente».
Transición ecológica sin «dictadura activista»
Sobre cuestiones medioambientales, Feijóo ha prometido que si es investido presidente promoverá un Pacto Nacional del Agua que dé solución a la sequía y evite el enfrentamiento entre los territorios. Así, ha afirmado, defenderá la transición ecológica aunque rechaza la «dictadura activista».
Para Núñez Feijóo, esto pasa por incluir un plan para invertir 40.000 millones de euros en inversiones públicas en los próximos seis años; definir una red estratégica del agua, para avanzar en una mejor gestión integrada, así como una gobernanza adaptada al siglo XXI y un plan de modernización de infraestructuras, presas y canales, para adaptarlas a las necesidades actuales, así como para un uso más eficiente del agua en el regadío.
Durante el debate, ha asegurado que no va a perder «ni un segundo» en discutir sobre el cambio climático, sino que ha propuesto afrontar «este asunto con las evidencias que la ciencia aporta» y con los instrumentos que la tecnología ofrezca en cada momento.
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