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Las dos preguntas clave del juez Peinado a Pedro Sánchez en la Moncloa

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El juez Juan Carlos Peinado se desplazó al Palacio de La Moncloa este martes para llevar a cabo la declaración testifical al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pesar de que este había solicitado, por carta, que se realizara por escrito. Sánchez se negó a declarar en un acto que no duró más de dos minutos, tras responder a las dos únicas preguntas formuladas. Informan P. Castillo, I. Alonso, D. Pérez y P. Galindo. Dos preguntas en dos minutos de prueba testifical en la Moncloa.

El juez llegó al Palacio de La Moncloa a las 10:20 horas para el interrogatorio, acompañado por la Fiscalía, las defensas de los tres encausados y la letrada de Vox, Marta Castro, como coordinadora de las acusaciones populares.

Durante su comparecencia, el jefe del Ejecutivo transmitió al juez que se acogía al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime a cualquier persona citada como testigo en un procedimiento judicial de declarar en contra de su cónyuge.

Este artículo se aplica a «los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil».

Pedro Sánchez respondió a las dos únicas preguntas del juez instructor de la investigación contra su esposa, Begoña Gómez. En la primera, el juez le preguntó al presidente por su vinculación con la investigada, a lo que Sánchez confirmó que se trataba de su esposa.

En la segunda pregunta, el juez Juan Carlos Peinado quiso saber si Sánchez se acogía a la dispensa de no declarar en contra de su pareja, a lo que el presidente respondió afirmativamente. Tras estas dos cuestiones, el instructor levantó acta de la testifical.

 

El juez cita a Pedro Sánchez como testigo el próximo 30 de julio

El juez cita a Pedro Sánchez como testigo el próximo 30 de julio

 

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Telefónica eleva a 5.459 empleados afectados en el ERE

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Telefónica filtración datos

Telefónica ha actualizado la cifra de empleados afectados por su expediente de regulación de empleo (ERE), que alcanza ya los 5.459 trabajadores en España, a la espera de concluir las reuniones con dos filiales más. La compañía inicia así la segunda ronda de negociaciones tras plantear ajustes en varias de sus sociedades.

Ajustes en Telefónica Global Solutions

La filial Telefónica Global Solutions, creada en 2020 para potenciar el negocio internacional y canalizar operaciones mayoristas, de roaming y multinacionales, será la primera en afrontar un recorte significativo: 140 salidas, lo que representa aproximadamente el 22% de su plantilla, compuesta por más de 600 empleados.

Con esta medida, el total provisional del ERE Telefónica 2025 incluye ya ajustes en Telefónica España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Movistar+, mientras que las filiales Telefónica Innovación Digital y la matriz Telefónica SA serán evaluadas en las próximas reuniones.

Segunda ronda de negociaciones

La jornada del martes contempla dos nuevas reuniones entre la dirección y los sindicatos, programadas a las 11:00 y 16:00 horas, para analizar los planes de reducción de plantilla en las sociedades restantes. Según la dinámica de negociaciones anteriores, tras presentar la propuesta inicial, se establecerá un calendario de consultas con un plazo aproximado de un mes para acordar los ajustes finales.

En el caso de las tres sociedades adheridas al Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) —Telefónica España, Móviles y Soluciones—, la siguiente toma de contacto está prevista para el miércoles, cuando los sindicatos puedan presentar sus contrapropuestas tras estudiar el dossier elaborado por el gabinete Oliver Wyman.

Reacciones sindicales

Los trabajadores están representados por UGT, CCOO y Sumados-Fetico, quienes ya han manifestado sus posturas respecto al ERE. Entre las principales demandas, destacan la prórroga del convenio hasta 2030 para mantener mejoras laborales previas, así como la valoración positiva de las condiciones económicas incluidas en la propuesta inicial.

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