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Las dos preguntas clave del juez Peinado a Pedro Sánchez en la Moncloa

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El juez Juan Carlos Peinado se desplazó al Palacio de La Moncloa este martes para llevar a cabo la declaración testifical al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pesar de que este había solicitado, por carta, que se realizara por escrito. Sánchez se negó a declarar en un acto que no duró más de dos minutos, tras responder a las dos únicas preguntas formuladas. Informan P. Castillo, I. Alonso, D. Pérez y P. Galindo. Dos preguntas en dos minutos de prueba testifical en la Moncloa.

El juez llegó al Palacio de La Moncloa a las 10:20 horas para el interrogatorio, acompañado por la Fiscalía, las defensas de los tres encausados y la letrada de Vox, Marta Castro, como coordinadora de las acusaciones populares.

Durante su comparecencia, el jefe del Ejecutivo transmitió al juez que se acogía al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime a cualquier persona citada como testigo en un procedimiento judicial de declarar en contra de su cónyuge.

Este artículo se aplica a «los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil».

Pedro Sánchez respondió a las dos únicas preguntas del juez instructor de la investigación contra su esposa, Begoña Gómez. En la primera, el juez le preguntó al presidente por su vinculación con la investigada, a lo que Sánchez confirmó que se trataba de su esposa.

En la segunda pregunta, el juez Juan Carlos Peinado quiso saber si Sánchez se acogía a la dispensa de no declarar en contra de su pareja, a lo que el presidente respondió afirmativamente. Tras estas dos cuestiones, el instructor levantó acta de la testifical.

 

El juez cita a Pedro Sánchez como testigo el próximo 30 de julio

El juez cita a Pedro Sánchez como testigo el próximo 30 de julio

 

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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