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Profesores y estudiantes en huelga en la apertura del curso universitario en València que preside el Rey

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VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) – Profesores asociados y estudiantes están llevando a cabo protestas y una jornada de huelga en la Universitat Politècnica de València (UPV), donde este martes el Rey Felipe VI inaugura el curso de las universidades españolas.

La Asamblea de Profesorado Asociado de la UPV –colectivo que durante el curso pasado llevó a cabo una huelga indefinida para reivindicar la mejora de sus condiciones laborales– ha convocado a las 10.00 horas una concentración en el Ágora del campus aprovechando el acto de la apertura de curso y la presencia del Rey y del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque.

Los docentes se han concentrado en defensa de «sus derechos y dignidad» con pancartas en los que se pueden leer lemas como ‘Igual trabajo, igual salario’ y peticiones de una remuneración, digna, reconocimiento de tareas, criterios objetivos de no renovación y reconocimiento de la experiencia, para la promoción y estabilización.

A esta convocatoria se han sumado también estudiantes con el fin de «demostrar el rechazo a un acto que pretende dar una visión maquillada de la realidad de la UPV en particular y la universidad pública en general», según han explicado fuentes del Front Estudiantil Unificat (FEU).

«La universidad pública sufre constantes ataques, dando lugar a condiciones laborales precarias y expulsando y alejando de las
enseñanza superior a las familias trabajadoras, es por ello que no vamos a permitir que asista el ministro de universidades a un acto sin que se escuchen las reivindicaciones de aquellos quienes sostienen la universidad pública: las y los trabajadores y el estudiantado», añaden.

Por su parte, estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la UPV han convocado huelga de toda la jornada en contra la inauguración del curso universitario por parte del Ministro de Educación y el Rey.

«CUOTAS ABUSIVAS»
Los alumnos, que han adoptado esta decisión en asamblea convocada por Estudiantes en Lucha, califican de «traición hacia al estudiantado» la presencia del monarca mientras ellos «se ven obligados a pagar cuotas abusivas».

«El Rey no es ejemplo ni símbolo de los esfuerzos que hacen nuestros padres y nosotros mismos para poder estudiar», aseveran en un comunicado.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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