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Profesores y estudiantes en huelga en la apertura del curso universitario en València que preside el Rey

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VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) – Profesores asociados y estudiantes están llevando a cabo protestas y una jornada de huelga en la Universitat Politècnica de València (UPV), donde este martes el Rey Felipe VI inaugura el curso de las universidades españolas.

La Asamblea de Profesorado Asociado de la UPV –colectivo que durante el curso pasado llevó a cabo una huelga indefinida para reivindicar la mejora de sus condiciones laborales– ha convocado a las 10.00 horas una concentración en el Ágora del campus aprovechando el acto de la apertura de curso y la presencia del Rey y del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque.

Los docentes se han concentrado en defensa de «sus derechos y dignidad» con pancartas en los que se pueden leer lemas como ‘Igual trabajo, igual salario’ y peticiones de una remuneración, digna, reconocimiento de tareas, criterios objetivos de no renovación y reconocimiento de la experiencia, para la promoción y estabilización.

A esta convocatoria se han sumado también estudiantes con el fin de «demostrar el rechazo a un acto que pretende dar una visión maquillada de la realidad de la UPV en particular y la universidad pública en general», según han explicado fuentes del Front Estudiantil Unificat (FEU).

«La universidad pública sufre constantes ataques, dando lugar a condiciones laborales precarias y expulsando y alejando de las
enseñanza superior a las familias trabajadoras, es por ello que no vamos a permitir que asista el ministro de universidades a un acto sin que se escuchen las reivindicaciones de aquellos quienes sostienen la universidad pública: las y los trabajadores y el estudiantado», añaden.

Por su parte, estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la UPV han convocado huelga de toda la jornada en contra la inauguración del curso universitario por parte del Ministro de Educación y el Rey.

«CUOTAS ABUSIVAS»
Los alumnos, que han adoptado esta decisión en asamblea convocada por Estudiantes en Lucha, califican de «traición hacia al estudiantado» la presencia del monarca mientras ellos «se ven obligados a pagar cuotas abusivas».

«El Rey no es ejemplo ni símbolo de los esfuerzos que hacen nuestros padres y nosotros mismos para poder estudiar», aseveran en un comunicado.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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