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Reacciones políticas a la condena de Alfonso Grau

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Alfonso Grau sentencia

El alcalde de València en funciones, Joan Ribó, ha señalado este jueves, respecto a la pena de cuatro años de cárcel impuesta al vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia, que «es grave» ver que uno de los máximos responsables del consistorio «hace cuatro años, esté condenado» a prisión. «Me parece que es una situación grave, una situación que hemos de lamentar», ha confesado Ribó.

Asimismo, el también candidato de Compromís a la reelección ha lamentado que el nombre de la capital valenciana salga de nuevo en los medios de comunicación no «por las cosas positivas» sino por una circunstancia como la citada. Según ha destacado el edil en funciones de València, el consistorio trabajará «para que se devuelva todo el dinero» y ha subrayado que no trabajará con «empresas que utilizan mecanismos no legales para la contratación».

Joan Ribó ha subrayado que el actual Ayuntamiento de València tiene «unas normas de contratación» que establecen que «si hubiera alguna empresa implicada directamente» en asuntos como el que ha llevado a la condena a Grau no se podría trabajar con ellas. «Esto se debe dejar claro cuando la sentencia sea firme. Nosotros no queremos trabajar con empresas que usan estos métodos en el Ayuntamiento. Rechazamos cualquier tipo de mecanismo de corrupción», ha asegurado el líder de Compromís.

Por otro lado, Isabel Bonig, la presidenta del PP valenciano también ha expesado su opinión al respecto. «Si hay una condena, siempre respetamos las decisiones judiciales, también las que son malas para el PP», ha manifestado este jueves en su paso por Les Corts.

Tras subrayar que Grau «ya no forma parte del PP» y que la sentencia no es firme, Bonig ha garantizado que nunca diría que «una actuación judicial o policial es excesiva», mientras ha criticado que «el PSPV y Compromís sí que lo han dicho». «Cuando era contra el PP era fantástico y cuando era contra el presidente de la Diputación de Valencia –el exsocialista Jorge Rodríguez– era exagerado», ha ilustrado.

 

Fuente: Europa Press

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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