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Rescatada una joven de 19 años con un dron, que le lanzó dos salvavidas

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Rescatada una joven de 19 años con un dron, que le lanzó dos salvavidas

Santa Pola (Alicante), 11 ago (EFE).- Una joven de 19 años que había quedado atrapada a unos 300 metros de la orilla de Santa Pola por las corrientes ha sido rescatada con la ayuda de un dron, que le ha lanzado dos chalecos salvavidas que ha usado hasta que ha llegado a socorrerla una embarcación.

La joven bañista, que se quedó a la deriva por las corrientes marinas, pudo ser rescatada por uno de los drones del servicio de prevención y rescate contratado por la Generalitat, que le lanzó un primer chaleco que no se autoinfló aunque sí sucedió con el de repuesto, han informado fuentes de la compañía que opera estos artefactos, General Drones.

El piloto de la compañía condujo el aparato hasta la joven en menos de 40 segundos, pero el incidente con el primer chaleco hizo que el rescate se alargara un poco más, hasta que el segundo fue lanzado y permitió que la joven flotase hasta que los servicios de socorrismo llegaron para sacarla del mar.

«El dron me salvó la vida, estaba exhausta y la corriente no me dejaba salir del mar», ha señalado la víctima en el comunicado.

En lo que va de este verano, los drones de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ya han asistido a 87 emergencias en toda la Comunitat a partir de los más de 600 vuelos realizados sobre unos 1.611 km de costa.

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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