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Felipe VI manda a 100 efectivos de la Guardia Real a las zonas arrasadas por la DANA

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Imagen de archivo de los reyes Felipe VI y Letizia. EFE/ Daniel González

Los reyes visitarán las zonas más afectadas por la DANA este fin de semana

Madrid, 31 oct (OFFICIAL PRESS-EFE).- Los reyes se van a desplazar este fin de semana a las zonas más afectadas por la dana y para ello se van a poner en contacto con los alcaldes de los municipios que más daños han sufrido para organizar su visita, han informado fuentes de Zarzuela.

Su visita se hará de manera que no se interfieran las labores que están desempeñando los servicios de emergencia, las policías locales, las Fuerzas de Seguridad del Estado y también las Fuerzas Armadas y las organizaciones sociales, según remarcan las fuentes.

Además, Zarzuela ha confirmado que esta misma noche saldrá hacia las áreas afectadas un primer grupo de 50 efectivos de la Guardia Real para prestar ayuda, siguiendo instrucciones del jefe del Estado, a los que mañana se incorporarán otros 50 compañeros.

El apoyo de la Casa Real a los afectados

En total será un centenar de miembros de la Guardia Real quienes, con vehículos apropiados para poder acceder a las áreas arrasadas por el temporal, que ha causado al menos 158 fallecidos, se incorporarán a las tareas de apoyo a la población.

Su desplazamiento se efectúa de acuerdo a las órdenes cursadas por Felipe VI al Servicio de Seguridad de la Casa del Rey y a la Guardia Real para ponerse a disposición de los ministerios del Interior y Defensa.

En cuanto a la visita de los reyes, Zarzuela hace hincapié en que se hará siempre en coordinación con las autoridades autonómicas y con cuidado de no entorpecer las tareas que desde el martes pasado están desempeñando todos los equipos desplegados en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Esta mañana, aprovechando su presencia en un encuentro de ciudades iberoamericanas en Madrid, Felipe VI ha pedido a administraciones, ciudadanos y la sociedad civil «permanecer unidos» en el apoyo y la ayuda a todos los afectados.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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